Informativo jur�dico

El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social con alta en hostelería se incrementó en abril un 2,3% respecto al mes anterior, hasta 1.278.939 personas, según los datos del Instituto de Estudios Turísticos (IET). Según los datos que desagrega el IET referidos al último día del mes, el mayor aumento se produjo en alojamiento, donde se registraron un 5,9% más de afiliados con un total de 251.123 personas. En restauración también aumentaron, un 1,4%, hasta 1.027.816 trabajadores.

Los trabajadores de los dos subsectores de la hostelería, sin embargo, descendieron respecto al mismo mes del año anterior. En alojamiento bajaron un 2,5% y en restauración un 1,5%, acentuando en ambos casos su caída respecto a la tasa interanual de marzo.( HD)

Se debate el próximo miércoles en el Congreso la posibilidad de que los bancos no adquieran las viviendas adjudicadas tras un desahucio cuando todavía queden pendientes deudas con la comunidad de vecinos.

La normativa vigente de Propiedad Horizontal obliga al adjudicatario de una vivienda a responsabilizarse de las deudas con la Comunidad, pero en la actualidad, la mayoría de los bancos solo se hacen cargo cuando se insta judicialmente.

Es por esto, que esta nueva medida permitiría la no inscripción en el Registro cuando no se hayan saldado las cuentas con la Comunidad de Vecinos.

Según el informe Olivenza 2010, realizado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad, perteneciente al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, dos millones de discapacitados carecen de una vivienda accesible; ante esta situación las entidades del sector reclaman que la ley obligue a llevar a cabo reformas en los pisos.

Así, el 72,7% de los hogares donde residen personas con alguna discapacidad (alrededor de 2,4 millones de casas) existen barreras de acceso, en la puerta o dentro del edificio, en los que se deberían de incluir rampas, elevadores o ascensores adecuados que faciliten la movilidad a los discapacitados. Esta situación sigue siendo una asignatura pendiente en España.

Pero no solo se trata del terreno particular, porque según un estudio realizado por la OCU sobre la accesibilidad entre 143 edificios públicos repartidos en 12 capitales de provincia, revela que uno de cada dos de estos edificios públicos es de difícil acceso para una persona discapacitada.

Para Belén Galán, Responsable de Marketing y Comunicación de ThyssenKrupp Encasa: “La adopción de un sistema de gestión de Accesibilidad Universal garantiza a todas las personas, con independencia de su edad o discapacidad, una solución integral para su vida diaria. Es además una necesidad ante una sociedad más concienciada, que comienza en el propio hogar y de ahí se proyecta a la accesibilidad en todas partes”.

El Ayuntamiento de Benidorm instalará cámaras de vigilancia en algunas calles de la zona de ocio inglesa para «disuadir y registrar la comisión de delitos», al tiempo que se incrementará la presencia policial a pie de calle tanto de agentes de la Policía Nacional como de la Local.

El alcalde, Agustín Navarro, ha afirmado que las cámaras de vigilancia permitirán «mejorar los parámetros de seguridad en una de las zonas más turísticas de Benidorm» y darán respuesta a las peticiones de vecinos y comerciantes de la zona.

Navarro ha informado de que la Embajada británica remitirá un comunicado avalando «los excelentes parámetros de seguridad de Benidorm», algo especialmente valorado por los turistas de esta nacionalidad y que es clave para fidelizar este mercado.

También ha señalado que desde el Ayuntamiento se trabaja de forma constante por mejorar los índices de seguridad, mediante el aumento de presencia policial en las calles, el derribo de inmuebles en ruinas para evitar que se conviertan en foco de delincuencia o la inminente puesta en marcha del Servicio de Atención al Turista Extranjero (Sate) en el edificio municipal de El Torrejó.

Durante los XIII Encuentros Tributarios la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado ha reclamado que se les deje actuar de incógnito regulando un procedimiento de obtención de información sin necesidad de identificación previa por parte de la Inspección.

Los inspectores sugieren que la Agencia Tributaria disponga de fondos para pagar informaciones confidenciales de las que se derive el afloramiento o la recuperación de cuotas defraudadas, similar al que existe para el pago de operaciones relacionadas con la persecución del contrabando.

Por otro lado, piden que se potencie la figura de la denuncia tributaria, introduciendo una modificación en la ley para que el denunciante participe en un porcentaje de la sanción que se imponga al denunciado. Esta medida ya estuvo vigente en España hasta 1986 y el denunciante tenía derecho a participar en un porcentaje del 20% al 30% del importe de la sanción.

A nivel internacional, los inspectores solicitan que el G-20 proclame la plena vigencia de su declaración de 2009 de que la era del secreto bancario ha terminado, que el Reino Unido reconsidere el acuerdo con Suiza que perpetúa el secreto bancario y que se acuerde exigir a los grupos multinacionales la rendición anual de un informe financiero por cada país en el que operan sus filiales.