Judit Nieto, 

Colaboradora editorial. 

@judithng9 

“La guerra continua en los tribunales”

“El Tribunal Supremo vuelve a decir NO a las peticiones de  libertad provisional

El Tribunal de la causa del “Procésha desestimado mediante auto  que se ha hecho publico este 24 de julio , el recurso de súplica interpuesto por los acusados Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Cuixart y Dolors Bassa, al que se adhiere Joaquím Forn, contra el auto de 21 de junio de 2019 que denegó su libertad provisional.

¿QUÉ ALEGABAN LOS RECURRENTES?

  • Según los acusados, la resolución recurrida vulneraría los arts. 17 y 23 CAUSA ESPECIAL/20907/2017 3 CE y, ex art. 10 CE, el art. 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como el art 3 del Protocolo n.° 1, anexo a dicho Convenio. Asimismo, reclaman que el “debate debe realizarse con todos los justiciables en situación de libertad provisional”. La ausencia de riesgo de fuga,la posibilidad de la adopción de otras medidas alternativas menos gravosas , la falta de motivación por parte de la Sala de estas cuestiones, y el carácter vinculante del dictamen del WGAD, son motivos suficientes según los acusados para que se les conceda la libertad provisional.

LA RESPUESTA DEL TRIBUNAL DEL PROCÉS 

Por su parte, el Tribunal Supremo ha sido contundente:

“La disconformidad no puede equipararse a la ausencia de motivación. Es patente que el auto recurrido expone con claridad los argumentos de esta Sala y cumple las exigencias de motivación impuestas por el canon constitucional inherente al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE)”

En este sentido, los magistrados coinciden en que el auto dictado hace un mes está “suficientemente motivado” y que “expone con claridad por qué se mantiene la prisión provisional de los acusados”, ya que ni el riego de fuga, ni la reiteración delictiva se ha eliminado una vez ha concluido el juicio.

Expone también el auto en el que ha sido ponente Manuel Marchena, “que la reiteración de determinados argumentos en las peticiones de libertad , conduce necesariamente a una reiteración jurisdiccional de las razones ya expuestas para su rechazo.”Es decir, a mismas peticiones , mismas soluciones jurídicas.

En cuanto a la alegación personal del exconseller  Josep Rull, el Tribunal Supremo también se pronunció de una forma firme: “El juicio ponderativo para resolver la difícil convergencia entre los derechos e intereses en juego, se ve notablemente facilitado por la posibilidad de conceder los permisos penitenciarios que, relacionados con esa intervención quirúrgica, puedan ser cursados”. De hecho, la Sala ya concedió el  19 de julio un permiso extraordinario a Rull para que abandone la prisión de Lledoners, en la que cumple prisión preventiva, para acompañar a su hijo durante una operación el próximo 20 de agosto.

EL DICTAMEN DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA ONU (WGAD) NO ES VINCULANTE

Por último, el Supremo vuelve a insistir en que el dictamen del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, en el que se apoyan los acusados para pedir la imposición de “medidas menos gravosas”.

Así, recalca que la cuestión ya fue “ampliamente tratada” en el auto recurrido. Como explicaba el Alto Tribunal en el auto con fecha 21 de junio, el informe de la WGAD partía ya de por sí de una consideración errónea como es la de que en España el referéndum estaba permitido. Olvidando así, que el referéndum celebrado el 1 de octubre de 2017 había sido prohibido expresamente por el Tribunal Constitucional y por resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Cabe destacar también que en el auto del 21 de junio anteriormente mencionado, se  declaraba que el TEDH había negado que se vulnerase el CEDH y se recordaban las frases de la Comisión de Venecia con el propósito de afirmar que las sentencias de los Tribunales son de obligado cumplimiento.

En base a estas cuestiones, el Tribunal reafirma su postura de que una de las notas esenciales que definen a cualquier estado de derecho es aquella que impide al poder ejecutivo dirigir instrucciones, requerimientos u órdenes a los tribunales de justicia.

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