El TS, en reiteración de doctrina, delimita el concepto de “resolución” a efectos del art. 404 del Código Penal.

STS núm. 311/2019, sala de lo penal, de 14 de junio.

Redacción Editorial,

Juan Antonio García Ávila.

 

El recurrente en el recurso de casación, al amparo del art. 849.1º LECrim, denuncia la aplicación indebida del art. 404 CP, por entender que no concurría el tipo aplicado por no darse una “resolución administrativa” sino una decisión de impulso que califica de política.

El TS declara que para apreciar el delito de prevaricación es necesario: una resolución dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo; que ésta sea contraria a derecho; que la contrariedad a derecho puede derivar de falta manifiesta de competencia, de haberse prescindido de trámites esenciales en el procedimiento o que el contenido no pueda ser explicado con una argumentación técnico jurídica mínimamente razonable; que ocasione un resultado materialmente injusto; y que tenga la finalidad de hacer efectiva una voluntad particular de la autoridad o funcionario, con conocimiento de actuar contra derecho. “no son, por tanto, identificables de forma absoluta los conceptos de nulidad de pleno derecho y prevaricación” (STS 340/2012). Precisa el Alto Tribunal el concepto de resolución, en relación con el art. 404 CP, como todo acto administrativo que suponga una declaración de voluntad de contenido decisorio que afecte derechos, no abarcando los actos políticos.

El TS en el caso concreto, tras descartar la concurrencia de una decisión política (por no darse los presupuestos de la misma), haciendo abstracción de la competencia, y en base a los hechos probados, afirma que lo delictivo es el proceso mediante el cual se decidió contratar y se contrató, habiéndose acordado con el arquitecto -el proyecto de edificio- verbalmente, comprometiendo a la administración sin sujetarse al procedimiento aplicable; consiguiendo las resoluciones formales precisas, mediante la imposición de su voluntad, e impidiendo con su actuar la concurrencia de otros profesionales sin justificación objetiva.

La adopción de la resolución se inicia con la decisión de contratar y acordando los términos del contrato, continuando con la adopción de las decisiones administrativas impuestas previamente a fin de dar aparente forma legal a posteriori una contratación ya realizada.

El TS desestima el motivo.

El MF en el recurso de casación, amparado en el motivo del art. 849.1º LECrim, denuncia en el caso la indebida aplicación del art. 428 CP. Entiende, que en el caso, en base a los hechos, se dan los elementos del delito de tráfico de influencias.

El TS declara que la norma (art. 428 CP) exige como elemento del tipo una finalidad económica no política, como se dio. No obstante, el tipo del art. 428 CP concurrió  en el acto de presentación pública del proyecto, y el beneficio económico se manifestó en los gastos de presentación del anteproyecto -ya fueran propios o para tercero-.

El TS estima el motivo, casa y anula parcialmente la Sentencia de la AP.

 

Fuente Institucional

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