TS desestima recurso de la Asociación de Profesores de Formación Profesional al advertir la correcta tramitación de su solicitud de equiparación salarial como una solicitud amparada en el derecho de petición

Redacción Editorial,

Virginia Espinoza.

La Asociación de Profesores de Formación Profesional solicitó ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la modificación normativa para la equiparación salarial entre los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, con respecto a los pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y otros cuerpos docentes de las enseñanzas no universitarias dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Ante la desestimación presunta de la citada solicitud, por silencio administrativo, la Asociación de Profesores de Formación Profesional procedió a interponer recurso contencioso administrativo ante el TS, pretendiendo entre otros que se declare la pertinencia de la modificación normativa para la equiparación salarial entre funcionarios de ambos Cuerpos.

El TS al valorar las particularidades de la solicitud presentada por la Asociación de Profesores de Formación Profesional en sede administrativa considera que es una iniciativa de hecho, propia del ejercicio del derecho de petición de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre y por tanto, queda a discreción de la Administración la decisión de impulsar los procedimientos pertinentes.

Asimismo, el TS hace hincapié en que el derecho de petición se satisface con su ejercicio y obteniendo una respuesta, no una concreta respuesta y menos en el sentido pretendido por el peticionario. Además, que en el presente caso no advierte una inactividad material, ni un supuesto de omisión reglamentaria, ni hay norma que obligue en derecho a acometer esa iniciativa legislativa, ni hay norma con rango de ley que obligue a dictar un reglamento, ni hay un vacío normativo, una ausencia de regulación, constitutiva de una infracción constitucional que amerite su interés.

Finalmente, el TS agrega que, no rechaza el planteamiento de fondo de la entidad demandante, si no la pretensión y que sería distinto que se impugnasen concretos actos materiales que evidencien que existen derechos o intereses lesionados.

Fuente institucional 

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