El TS afirma que el “Bitcoin”no tiene la consideración legal de dinero en materia de Responsabilidad Civil #CompartirConocimiento

La revolución de las criptomonedas llega a los tribunales españoles

 

Judit Nieto Galende ,

Colaboradora editorial.

Twitter:@judithng9

Las criptomonedas han revolucionado en los últimos días la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En una reciente sentencia, la primera sobre un asunto de estafa mediante criptomonedas, la Sala de lo Penal del TS ha resuelto un recurso de casación en el que aclara que los “bitcoins” no pueden ser considerados dinero legal a efectos de responsabilidad civil y restitución de las cosas, sino que son bienes inmateriales que pueden ser objeto de transacciones bilaterales siempre y cuando ambas partes lo acepten.

Este recurso de casación tenía su origen en una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que confirmaba una condena de dos años de prisión para el administrador único de la empresa Cloudtd Trading & Devs, por un delito continuado de estafa previsto y penado en los artículos 248, 249 y 74 del Código Penal, imponiéndole además la pena de dos años de prisión e inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Asimismo, esta misma sentencia condenaba al administrado a indemnizar a los demandantes en el valor de los bitcoins que cada uno de ellos contrató, conforme al valor de cotización del bitcoin en el momento de la finalización de sus respectivos contratos; declarándose la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa.  Los hechos delictivos comenzaron en el momento en el que el administrador movido por el ánimo de enriquecimiento ilícito y aparentando una solvencia que no poseía firmó diversos contratos de gestión de “Trading de alta frecuencia” con el propósito de que los contratantes le entregasen las criptomonedas en depósito para que, a cambio de cierta comisión para que éste reinvirtiera los dividendos y les entregara las ganancias obtenidas. Este tipo de negociación de “alta frecuencia” como bien explica el tribunal, se caracteriza por ser desarrollada por medios tecnológicos y algoritmos.

Tras esta primera resolución, los estafados presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el que alegaron que lo procedente hubiera sido que la sentencia recurrida condenase al acusado a restituir los bitcoins sustraídos y, solo si en fase de ejecución de sentencia no se restituyeran esos bienes, proceder en ese caso a su valoración para acordar la correcta devolución de su importe.

Sin embargo, como bien ha aclarado el Alto tribunal en la resolución del recurso, que si bien es cierto que tanto su propia jurisprudencia, como el artículo 110 del Código Penal disponen que la responsabilidad civil derivada del hecho descrito por la ley como delito debe materializarse en la restitución de la cosa objeto del delito; en este caso las víctimas de la estafa no fueron despojados de bitcoins que deban serles retornados. En el supuesto que nos ocupa como recalca el Tribunal Supremo la situación adquiere un tono distinto pues los acusados no fueron despojados de bitcoins que deban serles retornados, sino que el acto de disposición patrimonial que debe resarcirse se materializó sobre el dinero en euros que, por el engaño inherente a la estafa, entregaron al acusado para invertir en activos de este tipo. Por otro lado, tampoco el denominado “bitcoin es algo susceptible de retorno, puesto que no se trata de un objeto material, ni tiene la consideración legal de dinero.”

De esta forma, la Sala Penal del Alto tribunal ha determinado que esta criptomoneda no puede tener consideración legal de dinero, pues se trata de un activo inmaterial de contraprestación o de intercambio que no cumple los requisitos para ser considerado dinero electrónico al no cumplir con los requisitos mencionados en el art 1.2 de la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico. Esta ley indica que por dinero electrónico se entiende solo el “valor monetario almacenado por medios electrónicos o magnéticos que represente un crédito sobre el emisor, que se emita al recibo de fondos con el propósito de efectuar operaciones de pago según se definen en el artículo 2.5 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, y que sea aceptado por una persona física o jurídica distinta del emisor de dinero electrónico”

Pero además de distinguir aquello considerado como ” dinero” a efectos legales de aquello que no lo es, el magistrado Pablo LLarena define de forma extraordinaria qué es el bitcoin. En palabras del magistrado, esta famosa criptomoneda denominada como “bitcoin” es un activo patrimonial inmaterial materializada en forma de unidad de cuenta definida mediante una tecnología informática y criptográfica. El valor del “bitcoin” de cada unidad de cuenta dependerá de las fluctuaciones entre la oferta y la demanda derivadas de su venta.  Asimismo, todas estas transacciones se almacenan en un libro de cuentas público y distribuido, donde se almacenan todas las transacciones de manera permanente en una base de datos denominada Blockchain, que ya alberga 21 millones de estas unidades, que se comercializan de manera divisible a través de una red informática verificada.

Finalmente, el Tribunal Supremo finalmente desestimó no solo el recurso de casación presentado por las cinco personas estafadas, sino también el interpuesto por el condenado contra la sentencia recurrida confirmando íntegramente dicha sentencia. En este caso el TS afirmó que por más que la prueba justificara que el contrato de inversión se hubiera hecho entregando los recurrentes bitcoins y no los euros que transfirieron al acusado, el Tribunal de instancia “no puede acordar la restitución de los bitcoins, sino que la restitución a los perjudicados el importe de la aportación dineraria realizada (daño) debe realizarse en la forma que fija la sentencia anterior (euros €). Todo ello con teniendo en cuenta el incremento asociado al perjuicio sufrido que se concreta en la rentabilidad que hubiera ofrecido el precio de los bitcoins entre el momento de la inversión y la fecha del vencimiento de sus respectivos contratos.

 

 

 

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