El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana falla a favor del respeto a la identidad de género en los colegios

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la Comunidad Valencia decidió, el pasado 15 de mayo, desestimar el recurso que interponían varias asociaciones de centros católicos de enseñanza contra el artículo 9 del Decreto 102/2018 del Consell, de desarrollo de la Ley 8/2017, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana, que establece diferencias de trato para colegios concertados y religiosos en la cuestión de la identidad de género de los alumnos.

La Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (FECEVAL), la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (FCAPA) y la Federación Española de Religiosas de Enseñanza-Centros Católicos de la Comunidad Valenciana (FERE-CECA COVAL), fundamentaban sus pretensiones en supuestas infracciones a preceptos constitucionales. Alegaban que el nuevo protocolo atentaba contra los Derechos Fundamentales de Igualdad, Libertad de Creación de Centros Docentes, Libertad ideológica y Religiosa y Derecho a la Educación y  Enseñanza.

La parte contraria la conformaban la Generalidad de Valencia y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras del País Valenciano, quienes solicitaron la desestimación total del recurso alegando la conformidad a derecho del nuevo protocolo. De igual manera, se pronunciaba el Ministerio Fiscal, que no encontraba vulneración alguna a los derechos fundamentales.

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana/ Tumblr

Ante las alegaciones vertidas por la parte actora el tribunal, compuesto por D. Miguel Ángel Olarte Madero, presidente, D. Manuel José Domingo Zaballos y Dª María Lourdes Pérez Padilla, magistrados, alegó que la doctrina constitucional ha dejado muy claro que el Derecho a la Igualdad contenido en el artículo 14 de la Constitución Española no se refiere a igualdad en sentido literal, sino al derecho de las personas a recibir un trato justo y no discriminatorio.

A raíz de esto, se consideró que la diferenciación normativa de este caso se lleva a cabo desde la objetividad, pues es evidente que los centros públicos y los concertados no se ajustan a una misma situación legal, y, sobre todo, que dicha diferenciación se había impuesto con el único objetivo de garantizar una aplicación correcta y eficaz de la norma.

Por otro lado, el tribunal alegó que tanto de la propia norma constitucional, como desde el análisis de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede extraerse que el respeto a los transexuales es una exigencia legal, especialmente si se tiene en cuenta la discriminación normativa y social que ha rodeado a las personas de esa condición a lo largo de la historia.

Teniendo en cuenta que la diferenciación realizada por el nuevo cuerpo legal, en su artículo 9, se ajusta a derecho y que la creación de un clima donde los alumnos puedan desarrollar libremente su identidad está directamente relacionada con la protección de los Derechos Fundamentales, el tribunal desestimó el recurso interpuesto, ratificando la resolución impugnada, al considerar que la diferenciación en la docencia y en la estructuración que la propia Constitución otorga a los centros religiosos de enseñanza tiene como uno de sus principales límites el respeto al Derecho de Igualdad de sus ciudadanos y, por tanto, si se permitiese a ciertos centros dar un trato particular, seguramente desventajoso, a los alumnos transexuales se estaría vulnerando de forma grave el mencionado Derecho Fundamental.

 

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