El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentencia a favor del Real Madrid en el caso de las ayudas ilegales

La Sala Cuarta del TJUE estimó, el pasado 22 de mayo, las pretensiones del club madrileño, cuyas ayudas estatales, valoradas en más de 18 millones de euros, fueron declaradas ilegales e incompatibles con el mercado interior español por la Comisión Europea.

Las supuestas ayudas comenzaron en 1991, cuando la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid firmó un convenio con el Real Madrid relativo a la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu. Posteriormente, en 1996 y 1998 se firmarían dos nuevos convenios encaminados a concertar un acuerdo de permuta de suelo entre el ayuntamiento y el club. Sin embargo, en 2011 las dos partes acordaron la imposibilidad de ceder al Real Madrid una de las parcelas acordadas, situada en Las Tablas (parcela B-32). El problema se resolvió con la cesión de un nuevo terreno de valor similar en forma de compensación por incumplimiento.

Barrio de Las Tablas, Madrid.

A su vez, en 2011 la Comisión Europea fue informada de que el Real Madrid había recibido un trato ventajoso al percibir del gobierno varios bienes inmuebles y pidió al Reino de España un informe sobre el asunto. Tras varios años de investigación, la Comisión Europea publicó la Decisión 2016/2393, en la que declaraba ilegales e incompatibles con el mercado interior español las cesiones de patrimonio surgidas de los convenios anteriormente mencionados.

La Comisión entendía que el Ayuntamiento de Madrid debería haber recurrido a asesoramiento jurídico antes de llevar a cabo los acuerdos con el Real Madrid y consideraba que el valor de los inmuebles otorgados por el Ayuntamiento en forma de compensación excedían en mucho la responsabilidad de este último. Se acordó que el club debía devolver todas las cantidades entregadas por el Ayuntamiento en las que los informes de la Comisión señalasen un exceso por parte del ente público.

El Madrid impugnó esta resolución. El club alegaba que la valoración que la Comisión realizada sobre el grado de responsabilidad del ayuntamiento, sobre la cual no había duda para la parte recurrente, fue totalmente arbitraria, basada en la falta de asesoramiento jurídico del ayuntamiento y no en un análisis real de la responsabilidad. Por otro lado, el Real Madrid negaba haber recibido ninguna ayuda ventajosa. Según el club, las cesiones provenían de acuerdos legales y, de hecho, el valor del inmueble recibido en compensación habría sido inferior al valor de la deuda acordada por las partes en caso de incumplimiento de los mencionados acuerdos.

En cuanto al asesoramiento jurídico, el Tribunal constató que, a pesar de que el club madrileño afirmaba que el ayuntamiento había recibido asesoramiento jurídico antes de firmar los acuerdos y aprobaba prueba al respecto, no se presentaron en ningún momento los informes entregados por dichos asesores y, desde luego, la situación del bien inmueble, que formaba parte del patrimonio público como “equipamiento deportivo básico” en el momento de la firma de los convenios, no hacía para nada recomendable la cesión de ese terreno. Por tanto, no quedaba del todo claro el tema del asesoramiento y, así mismo, no podía asegurarse sobre quién recaía la responsabilidad por la falta de entrega de la finca.

No obstante, el club sí pudo demostrar que ya fuese siendo declarado responsable o no, la deuda en la que incurría el ayuntamiento por incumplimiento del convenio de ejecución de 1998 sería mucho mayor que los 4.275.000 euros que fijó la Comisión como cuantía máxima del asunto.

En el análisis del Tribunal se estableció como prioridad determinar si las cesiones llevadas a cabo por el ayuntamiento constituían una ayuda estatal. La doctrina expresa que una medida estatal podrá considerarse ayuda cuando la empresa beneficiaria recibe una ventaja que no habría obtenido en condiciones normales de mercado. Lo más importante en este sentido es analizar si un inversor, comparable en magnitud y funciones al ayuntamiento, habría llevado a cabo las mismas actividades en el mercado por ver un beneficio económico, aunque fuese a largo plazo.

Aunque, durante todo el procedimiento se puso de manifiesto que las responsabilidades y cantidades surgidas de la falta de entrega de la parcela B-32 eran quizá excesivas e incluso podía decirse que la operación no debía haberse realizado pues dicho terreno era parte del dominio público, la conclusión que llevó al Tribunal a dar la razón al Real Madrid fue, simplemente que la Comisión solo tuvo en cuenta el valor de la parcela no entregada y no analizó el resto de los bienes tratados en el convenio de 2011 ni la conmutación de deuda que acordaron ayuntamiento y club. La falta de atención a la mayor parte de los acuerdos hizo al Tribunal constatar que la Comisión no había probado con la suficiente profundidad la existencias de ayudas al Real Madrid y, por ello, decidió anular la Decisión 2016/2393 y condenar en costas a la Comisión.

 

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