La justicia Europea secunda a la Comisión en la imposición de medidas contra la introducción y explotación de especies exóticas

Tras la deliberación pertinente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió desestimar el recurso interpuesto por la Asociación de Pesca y Acuicultura del Entorno del Doñana y del Bajo Guadalquivir (pebagua) contra la resolución que rechazó el recurso de anulación presentado anteriormente contra el Reglamento de Ejecución 2016/1141 por el que se adopta una lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión.

Imagen de la práctica de la pesca en río/ Federación Madrileña de Pesca y Casting

Uno de los motivos de casación esgrimidos por pebagua fue el supuesto error de derecho cometido por el Tribunal en el análisis del recurso de anulación al revisar de oficio la legitimación activa por haberse recurrido contra una resolución no dirigida al recurrente, cuando la intervención de oficio para examinar la legitimación activa solo puede llevarse a cabo por motivos de orden público.

El Tribunal rechazó este motivo, pues la normativa comunitaria considera la legitimación activa un motivo de orden público y que su falta de análisis por parte del tribunal competente sí supone, en cambio, un error de derecho.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo

Pebagua continuó sus reclamaciones refiriéndose al resultado del mencionado análisis de la legitimación activa, que fue negativo para el recurrente y que sirvió a este como causa de inadmisión del recurso. La parte recurrente no entiende por qué se considera que la resolución impugnada no afecta directamente a la actividad de su asociación, cuando muchas de sus empresas llevan a cabo actividades diversas encaminadas a la explotación del Procambarus clarkii, una de las especies incluidas en la lista redactada por la Unión.

El Tribunal rechazó, también, este motivo puesto que la aplicación de las medidas se efectúa en virtud de una situación objetiva de Derecho o de hecho y, por tanto, los sujetos no deben considerarse individualmente afectados.

Por último, pedagua consideraba que, aunque el Reglamento otorga a los estados miembros la facultad de desarrollar por sí mismos las medidas para evitar la propagación de las especies incluidas en la lista, la propia entrada en vigor de dicho Reglamento otorgaría efecto a las restricciones incluidas en este y, por tanto, considera que se ha visto colocado en una situación de indefensión y afectado por un perjuicio irreparable al no poder interponer un recurso directo contra el Reglamento de Ejecución.

A este último motivo tampoco se acogió el Tribunal, pues se valoró que, aunque las posibilidades de defensa de pedagua contra la aplicación del protocolo no alcanzaban el orden europeo, pues no se cumplían los requisitos exigidos en el TFUE, seguía existiendo la posibilidad de llevas el caso a un juez de orden nacional. Por ello, el recurrente no tenía motivos para alegar indefensión.

 

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