Mariam Garcés García-Cabanes,

Redacción editorial.

@MariamGarcesG

El pasado 19 de junio, el Pleno del Tribunal Constitucional resolvió la cuestión de inconstitucionalidad planteada sobre la indemnización a los presos preventivos absueltos, a los cuales no se les ha concedido indemnización por no encontrarse su motivo de absolución dentro de los requisitos establecidos en el artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que regula los supuestos para acordar la indemnización a los presos preventivos absueltos.

Los requsitos del 294.1 acordaban la indemnización al preso cuando se diera “inexistencia del hecho imputado” o “por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre”. El Tribunal ha declarado que, esta selección de requisitos para obtener indemnización, vulnera el principio de igualdad ante la ley (art. 14 CE) y establece “una diferencia de trato injustificada y desproporcionada respecto a los inocentes absueltos por no ser autores del hecho, al tiempo que menoscaba el derecho a la presunción de inocencia al excluir al absuelto por falta de prueba de la existencia objetiva del hecho”.

Y es que para el Tribunal, que se requiera que la absolución esté basada nada más en el supuesto de inexistencia del hecho imputado dejaba a todos los demás supuestos de absolución -igual de válidos según el Tribunal- fuera del marco de indemnización, creando una diferencia desproporcionada que califican “de un carácter gravoso extraordinario”, siendo excluidos de un derecho por no haberse probado la inexistencia del hecho imputado, debiéndose la absolución a otra causa.

Punto importante también es el análisis que realiza el Tribunal Constitucional al declarar vulnerado el derecho a la presunción de inocencia (24.2 CE), el cual no puede actuar en contra de una de sus finalidades, que es la de evitar que una persona pueda ser tratada como culpable cuando ha sido absuelta mediante sentencia firme, pudiendo reflejar una sensación de culpabilidad al negar la indemnización, lo que podría dar a entender que existen sospechas acerca de su inocencia.

La sentencia, con carácter irretroactivo, deja evidente que sólo tendrá eficacia frente a nuevos procesos o frente a aquellos que hasta la fecha no hayan obtenido sentencia firme.

Además, los votos particulares reflejan la disconformidad de tres de los magistrados con la decisión de la mayoría del Pleno: El primer voto particular lo formulan don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, disconformes con la declaración de inconstitucionalidad del artículo. Por otro lado, la magistrada doña Encarnación Roca Trias, considera que no se trata de un supuesto de indemnización, sino de compensación y que por tanto no corresponde al Tribunal acordarla, sino que deberá ser el legislador quien lleve a cabo esta labor.

Tras la publicación de esta sentencia, muchas fuentes ponen de manifiesto la excesiva automatización del que sería el nuevo artículo regulador de la indemnización para los presos preventivos absueltos, advirtiendo el peligro que podría ocasionar para la administración tener que indemnizar de forma casi directa cada supuesto de absolución. Sin embargo, también son muchos los que aprueban la decisión de declarar inconstitucional un artículo que, haciendo una distinción casi irracional, ha negado a quienes han visto mermada su libertad y posteriormente reconocida su inocencia, la correspondiente compensación.

Fuente institucional

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