STS cláusulas de vencimiento anticipado en préstamo hipotecario. Pautas a seguir en procedimientos de ejecución hipotecaria en curso

STS de la sala de lo Civil que indica las pautas que procede aplicar a los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso en los que no se haya producido todavía la entrega de la posesión al adquirente

 

Redacción editorial,

Pedro Ruiz Sánchez.

@PedroRsz

STS 11/09/2019 Nº Res 463/2019.

El 30 de mayo de 2008, D. Adriano y Dña. Fátima suscribieron con NCG Banco S.A. una escritura de préstamo con garantía hipotecaria por importe de 100.000 €, a interés variable y a devolver en un plazo de treinta años, mediante 360 cuotas mensuales fijas.

El Sr. Adriano ejercitó una acción individual de nulidad de algunas de las condiciones generales de la contratación incluidas en el préstamo, entre ellas la cláusula de resolución anticipada.

En primera instancia se estimó sustancialmente la demanda declarándose la nulidad de varias de las condiciones generales de la escritura de préstamo hipotecario. Recurrida en apelación la sentencia por el Banco, fue confirmada por la Audiencia Provincial, con la salvedad de excluir de la declaración de nulidad el cargo al prestatario de los gastos de conservación del inmueble y del seguro de daños.

El Banco presentó recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial.

En cuanto al Recurso de Casación, destacar lo señalado en cuanto la cláusula de Vencimiento anticipado. Tras una primera deliberación del pleno de la Sala, se había decidido plantear al respecto una petición de decisión prejudicial al TJUE que fue resuelta por la STJUE (Gran Sala) de 26 marzo de 2019, que estableció:

Los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 , sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, deben interpretarse en el sentido de que, por una parte, se oponen a que una cláusula de vencimiento anticipado de un contrato de préstamo hipotecario declarada abusiva sea conservada parcialmente mediante la supresión de los elementos que la hacen abusiva, cuando tal supresión equivalga a modificar el contenido de dicha cláusula afectando a su esencia, y de que, por otra parte, esos mismos artículos no se oponen a que el juez nacional ponga remedio a la nulidad de tal cláusula abusiva sustituyéndola por la nueva redacción de la disposición legal que inspiró dicha cláusula, aplicable en caso de convenio entre las partes del contrato, siempre que el contrato de préstamo hipotecario en cuestión no pueda subsistir en caso de supresión de la citada cláusula abusiva y la anulación del contrato en su conjunto exponga al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales“.

Tras repasar el estado de la cuestión a nivel nacional y de la jurisprudencia del TJUE, el TS recuerda que la posible abusividad de estas cláusulas proviene de los términos en que se permite el vencimiento anticipado (es decir, no son per se ilícitas). Se habrá de valorar en el caso concreto si el ejercicio de la facultad de vencimiento anticipado por parte del acreedor está justificado en función de:

  • La esencialidad de la obligación incumplida (cuántas mensualidades se han dejado de pagar en relación con la cuantía y duración de la hipoteca) para valorar la gravedad del incumplimiento); y
  • Posibilidad real del consumidor de evitar esta consecuencia.

Recuerda el TS que, en el préstamo hipotecario, la causa del préstamo y la causa de la hipoteca están entrelazadas (negocio unitario) y procedería la nulidad total del contrato si la ejecución de la garantía resulta ilusoria o extremadamente dificultosa:

El fundamento de la celebración del contrato para ambas partes fue la obtención de un crédito más barato (consumidor) a cambio de una garantía eficaz en caso de impago (banco)

Como la nulidad del contrato expondría al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales (la obligación de devolver la totalidad del saldo vivo del préstamo), con la bendición del TJUE, se procederá a la sustitución de la cláusula abusiva viciada de nulidad por la aplicación de una disposición imperativa de Derecho nacional aprobada con posterioridad, la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario (“LCCI”) –vid. art. 24-.

Destacar, como veremos a continuación, que los autos de sobreseimiento dictados por considerar la cláusula de vencimiento anticipado contractual nula no surtirán efecto de cosa juzgada respecto de una nueva demanda ejecutiva basada en la aplicación de las norma de vencimiento anticipado establecida en el art. 24 de la LCCI.

En definitiva, establece el TS que procede aplicar las siguientes pautas u orientaciones jurisprudenciales a los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso, en los que no se haya producido todavía la entrega de la posesión al adquirente:

A.- “Los procesos en que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013, se dio por vencido el préstamo por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, deberían ser sobreseídos sin más trámite.

B.- Los procesos en que, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013, se dio por vencido el préstamo por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, y el incumplimiento del deudor no reúna los requisitos de gravedad y proporcionalidad antes expuestos, deberían ser igualmente sobreseídos.

C.- Los procesos referidos en el apartado anterior, en que el incumplimiento del deudor revista la gravedad prevista en la LCCI, podrán continuar su tramitación.

D.- Los autos de sobreseimiento dictados conforme a los apartados a) y b) anteriores no surtirán efecto de cosa juzgada respecto de una nueva demanda ejecutiva basada, no en el vencimiento anticipado por previsión contractual, sino en la aplicación de disposiciones legales (ATJUE de 3 de julio de 2019, asunto C-486/16). Solución que no pugna con el art. 552.3 LEC, puesto que no se trata de un segundo despacho de ejecución con fundamento en el mismo título, sino de ejecuciones basadas en diferentes títulos (el contrato, en el primer caso, y la ley en el segundo).

E.- Debe entenderse que las disposiciones legales mencionadas en el apartado anterior son las contenidas en la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario (art. 24 LCCI). La disposición transitoria primera 4ª LCCI, fruto de una enmienda transaccional en el Congreso y una enmienda en el Senado, optó por la retroactividad limitada para evitar que una sentencia del TJUE contraria al informe del Abogado General en la cuestión prejudicial que había presentado esta sala, pudiera hacer directamente aplicable el 693.2 LEC en su anterior redacción. Por lo que sería contradictorio que la voluntad del legislador se volviera en contra del consumidor, cuando lo que se pretendió es protegerlo más allá de lo previsto en el art. 693.2 LEC anterior a la reforma”.

Aplicando al caso enjuiciado las pautas expuestas el TS considera que la cláusula de vencimiento anticipado al permitir la resolución con el incumplimiento de un solo plazo, incluso parcial y respecto de una obligación accesoria, debía ser reputada abusiva, dado que no se vinculaba a parámetros cuantitativa o temporalmente graves. Ello sin perjuicio de que el Banco pudiese instar en el futuro el vencimiento anticipado del contrato con fundamento y conforme a los requisitos de la LCCI.

Respecto al resto de motivos, planteado por el Banco en casación (1. la Asignación al prestatario de los tributos de la Operación; 2. los Aranceles notariales y registrales y gastos de tramitación; y 3. Aseguramiento de la finca hipotecada con una compañía aceptada por la entidad prestamista) son desestimados por el TS.

En cuanto a las infracciones procesales alegadas por el Banco:

Denuncia en primer lugar vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en relación con el principio de contradicción o audiencia bilateral, que se habría vulnerado al declarar la abusividad de una de las cláusulas sin que esta cuestión se hubiera planteado por el demandante. El TS entiende que no es así destacando que una de las cláusulas de las que se interesaba la nulidad remitía expresamente a la cláusula en cuestión que se había anulado sin interesarlo el demandante.

En segundo lugar, se alega por el Banco vulneración de la prohibición de la reformatio in peius al haberse incluido por la Audiencia Provincial condena a la inscripción de las sentencias de instancia en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación sin haberse pedido ni haberse condenado a ello en primera instancia. Señala el TS que nada impide que el tribunal incluya dicha orden en su resolución, ni que lo haga en segunda instancia, pues ello ni mejora ni empeora la situación jurídica de la parte condenada. Lo hubiera acordado o no el tribunal en la sentencia de apelación, el pronunciamiento judicial debería tener acceso al Registro de Condiciones Generales de la Contratación, por mandato legal, una vez que la sentencia hubiera quedado firme.

Fuente Institucional: CENDOJ

 

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