Ornella Díaz González,

Colaboradora de la Redacción editorial.

@Ornelladg4

La cuestión de constitucionalidad se plantea por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares. En este sentido, se ponen en contraste dos preceptos autonómicos con el artículo 92.3 de la LBRL que establece lo siguiente:

Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales. Igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicio de autoridad, y en general, aquellas que en desarrollo de la presente Ley, se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función”.

El Tribunal Constitucional hace un análisis exhaustivo de los antecedentes del caso y de los dos preceptos autonómicos. Sin embargo, al márgen del interés por estas cuestiones, nos vamos a centrar en analizar el hilo argumental que sigue el Tribunal Constitucional para llegar a su fallo.

La controversia se deriva de la redacción del artículo 92.3 LBRL trascrito anteriormente y es que, dicho artículo se refiere a los funcionarios de carrera y la duda está en si consideramos que se excluye de este modo a los funcionarios interinos para las funciones que impliquen ejercicio de autoridad.

Los preceptos autonómicos serán o no inconstitucionales dependiendo del análisis que se haga de este artículo, esto es:

  • Por un lado, el artículo menciona expresamente “funcionarios de carrera”. En este sentido, si se entiende que se excluye a los funcionarios interinos, la norma autonómica sería inconstitucional.
  • Sin embargo, si se entiende que el artículo de la LBRL se refiere a funcionarios en general, sin excluir a los interinos, los preceptos autonómicos serían constitucionales.

Efectivamente, de la lectura del artículo 92.3 LBRL se puede entender que la mención excluye a los funcionarios interinos al referirse únicamente a los funcionarios de carrera. Sin embargo, la propia ley utiliza en varias ocasiones esta expresión para referirse a los funcionarios en general y no sólo a lo que se entiende por “funcionario de carrera”. Podemos ver un ejemplo de ello en el artículo 89 LBRL que establece: “El personal al servicio de las Entidades locales estará integrado por funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial”.  Es decir, la propia ley en su articulado general, no excluye a los funcionarios interinos cuando menciona a los funcionarios de carrera.

El Tribunal Constitucional analiza este precepto desde el punto de vista constitucional. Todo ello al margen del reciente análisis realizado por el Tribunal Supremo en la sentencia de la Sala Tercera de 14 de junio de 2019, recurso de casación núm. 922-2017, en la que entiende que “la pura literalidad de la nueva redacción del art. 92.3 LBRL abona la interpretación de que no resulta ajustado a derecho el nombramiento de agentes de Policía Local en régimen de interinidad”.

Finalmente, el Tribunal Constitucional entiende que las disposiciones autonómicas no son inconstitucionales. La argumentación final que realiza el Tribunal se basa en que una cuestión tan trascendental como esta, debería haber venido precedida, en palabras del propio Tribunal:

  • De informes en la elaboración del anteproyecto de ley
  • De un amplio debate en la tramitación parlamentaria del proyecto
  • De disposiciones de derecho transitorio para las vacantes cubiertas por funcionarios interinos en la fecha de entrada en vigor de la reforma
  • Debería plasmarse en una norma más clara y terminante que una escueta mención a los «funcionarios de carrera» como la del art. 92.3 LBRL, una mención que como queda dicho puede explicarse sistemáticamente por la equiparación general de los «funcionarios de carrera» con los funcionarios públicos, sin excluir a los interinos, propia de la Ley reguladora de las bases de régimen local (art. 89)”.

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Fuente Institucional

 

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