Judit Nieto,

Colaboradora editorial.

@judithng9

Este pasado 10 de julio la  Sala Segunda del Alto Tribunal ha confirmado en un auto la situación de rebeldía de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Lluis Puig y el resto de procesados huidos. Esta decisión  había sido acordada por el instructor de la causa del “procés”, Pablo Llarena, en julio de 2018.

La Sala ha desestimado los recursos interpuestos por los implicados ahora en el juicio del procés, al que se adhirieron Meritxell Serret y Antoni Comín, contra el primero de los autos  que hacía referencia  a la declaración de rebeldía de éstos,  al entender que concurren de forma evidente los requisitos legales para adoptar dicha decisión.

En cuanto a esta  declaración de rebeldía, la Sala rechaza completamente la alegación de los recurrentes de que siempre se han encontrado a disposición de los tribunales españoles, y que nunca han precisado ser hallados.

Los  magistrados del TS advierten que ha sucedido justo lo contrario a lo alegado por los recurrentes. Según los magistrados del Alto Tribunal, éstos han abandonado el territorio nacional desde que conocieron la posibilidad de ser sometidos a un proceso penal, con el objetivo de situarse fuera del alcance directo de las autoridades judiciales españolas, manifestando su oposición expresa a ser entregados a éstas cuando se pusieron en marcha los mecanismos de cooperación judicial.

De igual forma los recurrentes  manifestaban que Puigdemont debía gozar de la  inmunidad correspondiente e interesaban que se planteara una cuestión prejudicial al Tribunal de justicia de la Unión Europea. Esta cuestión debía resolverse según los procesados, para que el TJUE se pronunciase sobre la compatibilidad entre  la declaración de rebeldía acordada por un Estado miembro y las disposiciones contenidas en la Decisión Marco del Consejo de 13 de junio de 2002 , así como sobre las euroórdenes y sobre los artículos 47 y 48.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

No obstante, el Supremo añadió que aunque los mecanismos de cooperación judicial europea no hayan alcanzado el resultado óptimo para el que fueron creados, esto “ no supone el cese de medidas requisitorias a nivel nacional “.

Asimismo, en cuanto a  la inmunidad del expresidente de la Generalitat de Catalunya, consideran los magistrados que no  resulta aplicable a este caso. Puesto que, aún no se ha acreditado mediante ningún medio, la adquisición efectiva de la condición de eurodiputado. En este mismo sentido, tampoco procede plantear cuestión prejudicial al TJUE. Al existir una clara compatibilidad entre los mecanismos europeos y la normativa nacional aplicada, para asegurar la continuación del procedimiento.

Por otra parte, el Tribunal Supremo mediante providencia de 15 de julio denegó a su vez, la petición del líder del grupo municipal de JxCat, el exconseller de Interior Joaquim Forn, de salir de prisión para asistir al pleno del Ayuntamiento de Barcelona. Este pleno había sido convocado por Ada Colau con el propósito de repartir cargos de responsabilidad en el consistorio.

Sin embargo, el TS fue tajante. La Sala considera que se “ pondría en riesgo la vigencia del ordenamiento jurídico y se alteraría la convivencia ciudadana”. Por este motivo, el  Alto tribunal impidió que éste saliese ayer de la cárcel para acudir al Ayuntamiento y desatendió la petición de Colau quien  había solicitado que se le permitiese asistir “en entendimiento de que se trata del ejercicio de una función que forma parte del estatuto jurídico que le corresponde como miembro de la Corporación municipal”.

La Sala sigue el criterio de la Fiscalía y desestima así, en una providencia la solicitud del único procesado independentista que aún conserva su cargo público de concejal, al entender que “el permiso solicitado no reviste el carácter de extraordinario del art 47LOPJ” y ante “la necesidad de preservar los fines del proceso penal, en un momento en que ya ha finalizado el juicio”.

 

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