Redacción editorial, 

Laura Traistaru. 

Es importante recordar que la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas, se dictó en desarrollo de la competencia exclusiva que, en materia de espectáculos, tiene atribuida la Comunidad Autónoma de Euskadi.

En desarrollo de la misma se ha dictado el Decreto 17/2019, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas.

En ambos casos el citado Decreto impone un número cerrado de eventos a realizar durante un periodo temporal predeterminado, requisito o limitación que no se contiene en ningún de los dos preceptos legales de referencia, y que resulta excesivamente rígido atendiendo a su finalidad y al espíritu de la Ley. Además, implica una solución uniforme para supuestos normativos de naturaleza diversa.

Lo relevante cara a garantizar los derechos y deberes de las personas organizadoras, espectadoras y el resto de la ciudadanía reside en las limitaciones sustantivas acústicas, horarias, de aforo, de tipo de actividad, etc. que se contienen en la norma. 

Analizada la restricción numérica que imponen tales preceptos desde la perspectiva de su necesidad y proporcionalidad, no parece resultar el instrumento más adecuado para el logro de los fines perseguidos.

A la vista de la controversia suscitada sobre el alcance o interpretación de los citados preceptos del citado Decreto 17/2019 de 5 de febrero, en relación con aquellos de la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, de los que traen causa, por medio de la presente disposición se modifican para clarificar su alcance tomando como punto de partida la interpretación más razonable de los preceptos legales de referencia.

La modificación se circunscribe, por tanto, a la cuestión apuntada, de un modo que permite compaginar los derechos y deberes de los diversos intereses afectados, tanto los públicos como los particulares, de un modo coherente con la necesidad de la correlación entre las licencias de cada establecimiento y las actividades que oferten como principales o complementarias, respetando siempre las exigencias y condiciones contempladas en la licencia y siendo respetuosos con la autonomía local, ámbito que resulta el más apropiado para dilucidar y equilibrar esta concreta materia.

Fuente institucional

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