Por Rut Santana Montesdeoca,

Colaboradora de la Redacción Editorial


El Decreto 4/2020 de 23 de enero, responsable de regular la publicidad sanitaria en Cantabria, se ha dictado al amparo de lo recogido en la Disposición Final Primera de la Ley de Cantabria 7/2002 de 10 de diciembre, ajustándose a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, como bien indica en su disposición general, buscando así procurar un mensaje publicitario acerca de la sanidad de la ciudadanía, seguro y ajustado a los criterios aceptados por la comunidad científica. 

La finalidad de su publicación viene motivada por la evolución continua  tanto de la ciencia como de la medicina, adquiriendo conocimientos de forma progresiva acerca del impacto en la salud de los ciudadanos; lo que conlleva que se desarrollen actividades dirigidas a promover y prevenir un buen estado de salud de todos los que acudimos tanto a la sanidad pública como a la privada. Por ello la Administración Pública, tanto la estatal como la autonómica, presenta entre sus competencias el control y la obligación de proporcionar información actualizada y veraz del ámbito sanitario a los ciudadanos,  todo ello aplicando correctamente la normativa reguladora.

Así, la Ley General de Sanidad 14/1986 de 25 de abril, establece en su artículo 30.1 que todos los Centros sanitarios, al igual que sus actividades de promoción y publicidad estarán sometidos a la inspección y control por la Administración Sanitaria competente; en la misma línea establece su artículo 27, el cuál se encuentra modificado por la disposición final primera de la Ley General de Salud Pública 33/2011 de 4 de octubre, que “Las administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, realizarán un control de la publicidad y propaganda comerciales para que se ajusten a criterios de veracidad en lo que atañe a la salud y para limitar todo aquello que pueda constituir un perjuicio para la misma, con especial atención a la protección de la salud de la población más vulnerable”; por lo que se hace hincapié también en el presente Decreto, del texto refundido de la Ley de Garantías y uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, que fue aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2015 de 24 de julio, indicando en su artículo 1.a) que entre las competencias que corresponden al Estado, se encuentra La publicidad de los medicamentos de uso humano y de los productos sanitarios, su investigación clínica, evaluación,…control de calidad…”, en relación con el artículo 5.1 del mismo cuerpo legal dónde se establece que “Se prohíbe la elaboración, fabricación, importación, exportación, distribución, comercialización, prescripción y dispensación de productos, preparados, sustancias o combinaciones de las mismas que se presenten como medicamentos sin estar legalmente reconocidos como tales.”

Por otro lado la Ley General de Publicidad 34/1988 de 11 de noviembre, regula también, la obligada función de la Administración de salvaguardar la salud de los ciudadanos por medio de su artículo 5.1 indicando que: “La publicidad de materiales o productos sanitarios y de aquellos otros sometidos a reglamentaciones técnico-sanitarias, así como la de los productos, bienes, actividades y servicios susceptibles de generar riesgos para la salud o seguridad de las personas o su patrimonio, podrá ser regulada por normas especiales o sometida al régimen de autorización administrativa previa”; un régimen que como recoge la disposición general del Decreto, debe tener en cuenta el respeto hacia los valores y derechos constitucionales, buscando la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y por ende de los consumidores de “sanidad”, lo que se encuentra apoyado por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, concretamente en los apartados a) y d), estableciendo como derechos de los consumidores, la protección contra aquellos riesgos que puedan afectar a su salud o seguridad, así como la información correcta sobre los diferentes bienes o servicios y su correspondiente divulgación para facilitar el conocimiento sobre su uso, consumo y disfrute adecuados.

En conclusión, el presente Decreto aprobado, como bien recoge el su artículo primero, “Tiene por objeto regular la publicidad sanitaria que, respecto a los centros, servicios y establecimientos sanitarios, se realice en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en desarrollo de la normativa básica del Estado…”

Anexo disponible aquí

 

Fuente Institucional: BOLETÍN OFICIAL CANTABRIA

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