Nueva regulación del alquiler de vehículos en la isla de Mallorca

A través del Decreto 46/2019, de 7 de junio, por el que se establecen las autorizaciones de alquiler de vehículos con conductor de ámbito insular y carácter temporal

Redacción Editorial

Alejandro Reyes Oreja

El motivo de esta regulación es básicamente resolver los problemas de la carencia de oferta de transporte discrecional de alquiler de vehículos con conductor en las temporadas de verano, en que se incrementa exponencialmente la demanda de estos servicios; y, al mismo tiempo, se considera oportuno proveer de una oferta legal este sector, dado que en plena temporada de verano aumenta la oferta ilegal para cubrir la demanda existente, a la que no pueden dar respuesta las empresas legalmente autorizadas.

La norma prevé que sean los consejos insulares, como conocedores de la problemática de cada isla y de la competencia desleal o ilegal que se produce en cada territorio insular, los que puedan decidir sobre las medidas que se adoptarán. En este aspecto, la disposición adicional única del Decreto-ley 2/2017 prevé que la referencia que esta norma hace en relación a los consejos insulares en Mallorca se entenderá referida al Gobierno de las Illes Balears mientras no se lleve a cabo la transferencia de la competencia al Consejo Insular de Mallorca.

Como consecuencia de lo anterior y dada la experiencia de los últimos años, el Gobierno de las Illes Balears considera que la isla de Mallorca necesita, para los meses de verano, la incorporación de autorizaciones de alquiler con conductor de ámbito insular y carácter temporal para paliar la demanda existente. Al finalizar este plazo, la Administración valorará con criterios objetivos la oportunidad y el buen fin de esta medida, para poder considerar la necesidad de otorgar autorizaciones la temporada siguiente y, en su caso adaptar el número de las mismas a la demanda existente.

Este decreto determina los requisitos que deberán reunir las personas solicitantes de las autorizaciones, las características de los vehículos destinados a la actividad, el régimen de prestación del servicio y el régimen sancionador. También establece un baremo y fija los criterios que se deberán tener en cuenta para adjudicar estas autorizaciones, que ponen de manifiesto que, en caso de que el número de solicitudes sea superior al de autorizaciones que se otorgarán, las mismas se valorarán de acuerdo con los principios de medio ambiente, necesidad y proporcionalidad.

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