Con motivo del Día Internacional de la eliminación de la discriminación racial

Con motivo del Día Internacional contra la eliminación de todo tipo de discriminación de carácter racial, que se celebrará el próximo 21 de marzo, el Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional. Carmen Calvo ha avanzado que "es un pronunciamiento rotundo contra este tipo de discriminación ancestral y que todavía, tristemente, nos acompaña en el mundo actual". Declaración institucional contra la discriminación racial:  

Viernes 15 de marzo de 2019, el Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministerios de la Presidencia, Relaciones con la Cortes e Igualdad; Interior; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ha acordado aprobar la Declaración del Gobierno con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se conmemorá el 21 de marzo.

La Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su resolución número 2142 (XXI), declaró el día 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, en recuerdo de las víctimas de la matanza de Shaperville (Sudáfrica 1960) y con el objetivo de sensibilizar a toda la sociedad de que los principios de igualdad y no discriminación forman parte de los derechos humanos fundamentales.

La Asamblea General de Naciones Unidas invita a los gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales, a sumarse a esta tarea de concienciación y sensibilización.

Con este motivo, el Consejo de Ministros ha aprobado la siguiente Declaración del Gobierno:

“La Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su resolución número 2142 (XXI), declaró el día 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, en recuerdo de las víctimas de matanza de Sharperville (Sudáfrica 1960), y subrayando que los principios de igualdad y no discriminación forman parte de los derechos humanos fundamentales.

En España, la entrada en vigor de la Constitución de 1978 consagra, a través de su artículo 14, el derecho de todas las personas a no ser discriminadas “por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Derecho que encuentra su complemento en el mandato a los poderes públicos, establecido en su artículo 9.2, de “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

La necesidad de impulsar esta igualdad real y efectiva se ha visto reforzada por el reconocimiento del valor de la dignidad humana, el respeto a los derechos humanos y la no discriminación como fundamento de la Unión Europea, que establece entre sus objetivos la lucha contra toda discriminación por razón, entre otras, del origen racial o étnico.

España es una sociedad crecientemente diversa, donde, en términos generales, las diferencias por el origen racial o étnico, nacional o cultural, no han generado grandes conflictos sociales, antes bien, han sido fuente de enriquecimiento mutuo y se han mostrado como un importante activo social.

No obstante, pese a que en las últimas décadas se han producido importantes avances jurídicos y sociales en materia de integración, no discriminación y respeto a la diversidad, aún hoy, el racismo, la xenofobia, y otras formas de intolerancia, como el antigitanismo, el antisemistismo y la afrofobia, siguen presentes en nuestras sociedades, adoptando múltiples formas, que van desde las más solapadas y sutiles hasta las más graves, como los delitos de odio.

En este sentido, de acuerdo con el Informe del Ministerio de Interior sobre la evolución de los incidentes relacionados con los delitos de odio en España correspondiente al año 2017 los delitos de odio por motivos racistas y xenófobos pasaron de 416 en 2016 a 524 en 2017; y, según datos proporcionados por el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, en 2018 se han atendido un total de 729 casos de discriminación racial o étnica. Para potenciar esta labor, se ha creado recientemente la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio y se ha desarrollado el correspondiente Plan de Acción para abordar esta problemática. Además, desde 2014 los cuerpos policiales disponen de un Protocolo de actuación para los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación.

La lucha contra la discriminación racial y étnica es una de las prioridades del Gobierno de España, tanto en su política interior, como exterior. Por este motivo, se vienen impulsando una serie de acciones que contribuyen a eliminar cualquier forma de racismo, xenofobia u otras formas conexas de intolerancia.

La creación de la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad, la reactivación del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, la recuperación de la sanidad universal, el Acuerdo promovido por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial, diversos ministerios y la Fiscalía General del Estado, para cooperar institucionalmente en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la LGBTIfobia y otras formas de intolerancia, la aprobación del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio o la inclusión en la formación inicial y continua de los empleados públicos de materias relacionadas con el respeto a la igualdad de trato y no discriminación, entre otros motivos, por el origen racial o étnico y la gestión de la diversidad, constituyen buena prueba de ello.

A nivel internacional, España ratificó en su momento la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), principal instrumento internacional en la materia, y ha venido dando cumplimiento progresivo a las recomendaciones emanadas del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial orientadas a la adopción de estrategias innovadoras de lucha contra las formas contemporáneas de la discriminación racial. La Cooperación Española trabaja a nivel bilateral, regional y multilateral para contribuir a la construcción de sociedades diversas e inclusivas, transversalizando la no discriminación en sus acciones pero también a través de programas concretos como el Programa Indígena o el de Afrodescendientes.

Asimismo, en el ámbito de la Unión Europea, España participa de manera activa en distintos grupos de trabajo, como el Grupo de Alto Nivel en No discriminación, Igualdad y Diversidad, y el Grupo de Alto Nivel de Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y otras formas de Intolerancia, que han reconocido la importante labor de España en la recogida sistemática de datos sobre los delitos de odio, situándonos a la cabeza en materia de buenas prácticas en esta materia.

Conscientes de que queda aún camino por recorrer hasta la consecución de la igualdad real y efectiva, el Gobierno quiere mostrar su firme compromiso con la ejecución de las políticas destinadas a la eliminación de este tipo de discriminación y condenar todas aquellas actitudes y manifestaciones que ponen en cuestión el valor positivo de la diversidad”.

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