Ainara Senra Fernández

Colaboradora de redacción

El Real-Decreto 18/2019 aborda medidas urgentes tras la formación de Gobierno y la larga incertidumbre política de los últimos meses. Se trata de áreas que podrían verse particularmente afectadas – especialmente en términos económicos- de no pronunciarse el gobierno al respecto.

En primer lugar, dentro del ámbito tributario y catastral, se prorrogan para el período impositivo 2020 los límites cuantitativos que delimitan el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades económicas incluidas en el ámbito de aplicación del método.

Asimismo, el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio también se extiende al ejercicio 2020. Del mismo modo, en materia catastral, se incluye la actualización de los coeficientes de valores catastrales de inmuebles conforme a la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Dado que la aprobación de estos últimos no tendrá lugar antes de fin de año, el Real- Decreto establece la entrada en vigor de los Presupuestos antes de la finalización del presente ejercicio. Todo ello con el objetivo de consolidar la estabilidad presupuestaria municipal.

A continuación se regula el sistema de seguimiento  en la producción del tabaco, en consonancia con la normativa comunitaria.

En segundo lugar, se regulan medidas pertenecientes al ámbito de la Seguridad Social. En concreto, se regula la revalorización de las pensiones disponiendo la dilación de la  medida hasta que la consolidación definitiva del Gobierno. Se retrotraerán los efectos de la revalorización a principios del año en todo caso.

Se prorrogan también las medidas en materia de bases y tipos de cotización a la Seguridad Social y se amplían los plazos de cancelación para los préstamos otorgados por el Estado a la Administración de Seguridad Social.

Se mantienen, asimismo, los efectos del Real-Decreto 1562/2018, por el que se fija el salario mínimo interprofesional, hasta que se apruebe el nuevo real decreto a tal efecto.

El texto finaliza afirmando la solidez de su articulado conforme a los principios de eficacia, eficiencia, necesidad y transparencia que la Ley exige en todo texto normativo y que, en éste caso, justifican la razón de ser del texto.

Fuente Institucional: BOE

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