Tamara Arza Foruria

Colaboradora Editorial

@tarzafo

STS 539/2019, resumen, fuente institucional: En relación con la contratación temporal de profesores asociados por las universidades, la Sala entiende que a efectos de carga de la prueba: los Juzgados o Tribunales no pueden limitarse formalmente a dar por válidos los contratos temporales de profesor asociado, sino que deben analizar si reúnen los presupuestos exigidos en la normativa estatal y en la de la Unión Europea. Además, la carga de la prueba de la existencia de dichos presupuestos incumbe a la Universidad contratante. En el concreto caso contemplado, a criterio de la Sala no se prueban los requisitos necesarios de desempeño de actividad profesional distinta de la universitaria y de relación directa con las actividades docentes, reiterando así previa doctrina. Además, en el presente supuesto, consta la utilización de hecho de la contratación temporal sucesiva para cubrir necesidades permanentes y duraderas en materia de contratación de personal docente.

Un profesor asociado demanda a la universidad donde trabajó durante 11 años por despido con vulneración de derechos fundamentales. El tribunal en primera instancia estima en parte la demanda y declara que el despido es improcedente y condena a la universidad a pagar una indemnización, además de que en caso de readmisión abone los salarios de tramitación que correspondan.

Por su parte la Universidad prorrogó los contratos de profesor asociado anualmente coincidiendo con los sucesivos cursos durante 11 años y lo cesó mediante una comunicación por terminación de contrato, tras haber informado no favorable para su continuidad el Consejo de Departamento. El motivo del cese es que la impartición de la asignatura que el demandante creó e impartió durante ese tiempo, ahora la imparte el catedrático del departamento.

Contra esta sentencia la Universidad formuló recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia quien dictó sentencia estimando el recurso y revocó el pronunciamiento de instancia, absolviendo a la universidad de las pretensiones determinadas en la sentencia de primera instancia.

El profesor asociado interpuso ante el Tribunal Supremo un recurso de casación para la unificación de doctrina, analizando las sentencias del Supremo (Fuente institucional: de 1 de junio de 2017, rcud 2890/2015) (Fuente institucional: 22 de junio de 2017, rcud 3047/2015). La sentencia recurrida dicta que en las condiciones descritas en ella, entre otras la temporalidad sucesiva no lleva aparejada la condición de indefinido y las sentencias mencionadas del Tribunal Supremo en las mismas condiciones entienden que reiterar los contratos temporales en esas mismas condiciones revela un contrato indefinido y por lo tanto, su extinción constituye despido improcedente. Las condiciones aludidas son la existencia de contratos sucesivos temporales previstos en la normativa universitaria sin solución de continuidad, realizar las mismas funciones docentes durante el largo tiempo que están contratados, docencia que cubre necesidades permanentes y estructurales que la universidad no pueda probar que estuviese relacionada con la actividad específica que la norma universitaria exige para la contratación de asociados. Destaca que un amplio periodo de servicios realizando una docencia uniforme revela claramente que la enseñanza impartida es una necesidad permanente.

La normativa (Fuente institucional: Directiva 1999/70/CE) y jurisprudencia (Fuente institucional: STJUE 14.09.2016 – asunto c-16/2015 – Peréz López y STJUE 13.03.2014 – asunto C-190/13- Márquez Samohano) europea y la interpretación de esa jurisprudencia por el Tribunal Supremo en las sentencias mencionadas en el párrafo anterior, establecen que la regla general es la de la contratación laboral por tiempo indefinido, es decir, excepto cuando un contrato laboral se pacte expresamente con una duración temporal, se entienden celebrados por tiempo indefinido, y en cuanto a los requisitos que legitiman el contrato del profesor asociado son que el profesor desarrolle fuera del ámbito universitario una actividad profesional y que no cubra necesidades permanentes y duraderas en la universidad.

Probar que esos requisitos se cumplen en los contratos de asociados le corresponde a la parte contratante. Así el Tribunal Supremo (Fuente institucional: STS/IV 11.04.2018 – rcud 540/2016) establece que la carga de la prueba para justificar que la contratación temporal de un asociado está basada en una situación coyuntural y transitoria, derivada de la ejecución de una investigación calificada como de obra determinada reca sobre la universidad.

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