¿Es lícito que el contratista de la Administración abone el Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO)?

La normativa fiscal establece que el sujeto pasivo del impuesto será el dueño de la construcción, instalación u obra, es decir, aquel que corra con los gastos de la misma, y que cuando esta no sea realizada por el dueño, sustituirá al sujeto pasivo aquel que solicite las licencias o realice la obra, sin perjuicio de que luego se repercutan los pagos al sujeto pasivo original. Entonces, ¿Por qué en la gran mayoría de los pliegos emitidos por la administración para la ejecución de obras se obligue al contratista a correr con los gastos del ICIO?

¿Es lícito que el contratista de la Administración abone el Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO)?

 

En realidad, es de vital importancia dejar claro, ya en el contrato de obras, quién es el obligado a realizar el pago del impuesto, pues dado que la ley permite que este sea abonado tanto por el sujeto pasivo, como el sustituto, es necesario elegir y fijar a uno de los de antemano, de manera que, una vez otorgada la licencia, la administración competente de recaudar dicho impuesto sepa quién es el obligado.

No obstante, lo establecido en la normativa pone en duda la legitimidad de incluir dicha cláusula en los pliegos. Para despejar estas dudas, se ha pronunciado al respecto la Junta Consultiva de Contratación del Estado en expediente 8/18, de 10 de octubre. Este hace referencia a diversas normas, como el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LA LEY 1470/2001), que expresan la proveniencia de incluir en los pliegos las obligaciones fiscales del contratista, siendo el de las cargas fiscales uno de los puntos esenciales de los gastos generales de estructura que incluye todo contrato público.

El expediente también señala ejemplos de jurisprudencia en la que se ha constatado procedente el establecimiento de una obligación de pago del tributo para el contratista. Entre la doctrina mencionada se encuentra la sentencias del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 1994, y de 2 de febrero de 1998.

Además, al incluir los pliegos todos los costes y gastos a realizar, se da por entendido que hacen referencia también a los gastos de licencia y del ICIO, por tanto, la empresa contratista que se hiciese cargo de dichos pagos recuperaría el dinero al recibir su pago mediante la ejecución del contrato. De hecho, según la Junta, de no incluirse la cláusula en los pliegos procedería restar el importe de los tributos satisfechos a la cantidad que finalmente se pague al contratista, para evitar una duplicidad en el pago.

Queda claro con esto, que es totalmente viable establecer en los pliegos del contrato que las obligaciones fiscales en relación con el ICIO y la obtención de licencias de construcción correrán a cargo del contratista y que en caso de no incluirse dichas cláusula en los pliegos, será la propia administración la que se hará cargo de dichas obligaciones fiscales.

No obstante, también existen opiniones contrarias a este último punto y es que la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña constató en un informe del año 2003 que bastaba con que, en los pliegos del contrato, se hiciese una remisión al RD 1098/2001 para que se tuviese al contratista como sujeto pasivo de los mencionados impuestos.

 

 

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