Las empresas que tengan más de 50 empleados tendrán que habilitar un canal de denuncias

Según se prevé, la próxima semana el Consejo de la UE dará luz verde a una norma que pretende ser fundamental para la lucha contra la corrupción pública y privada, hablamos de la directiva de protección al denunciante (o whistleblower).

Principalmente introduce dos grandes novedades, por un lado, obliga a que las compañías y las Administraciones y entidades públicas implementen procedimientos internos para la recepción y el estudio de denuncias de irregularidades, y por otro establece una serie de medidas de salvaguarda y blindaje para quien comunique las infracciones.

En cualquier caso, será la obligación de implantar canales de denuncia en todas aquellas compañías que tengan más de 50 trabajadores o cuenten con un volumen de negocio igual o superior a 10 millones de euros, el elemento de mayor impacto organizativo para las empresas.

Igualmente, deberán introducirlos las entidades de algunos sectores considerados sensibles, como los relacionados con servicios financieros o aquellos vinculados al blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

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