Judit Nieto,

Colaboradora editorial.

@judithng9

 

El Derecho debe adaptarse a la nueva era tecnológica. La globalización y las innovaciones tecnológicas han acelerado el ritmo de la sociedad actual, a pasos agigantados. Aunque, en materia legislativa, aún queda mucho por hacer dentro de esta carrera tecnológica.

 

Si bien es cierto, que recientemente se está avanzando al respecto. El 22 de mayo de este año, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aprobó la Recomendación del Consejo sobre Inteligencia Artificial. Estas recomendaciones a pesar de su carácter no vinculante gozan de gran relevancia en el derecho nacional e internacional. Esta recomendación establece varios principios relacionados con la inteligencia artificial de gran calado. Entre los principios más destacados de esta medida, destaca la responsabilidad que deben asumir los desarrolladores de los sistemas de Inteligencia Artificial. Posteriormente la preocupación tecnológica se trasladó a Australia, que decidió aprobar también el 10 de junio de este mismo año “los principios legales y éticos que deberían regir este campo tecnológico de la Inteligencia Artificial (IA)”, así como sus restrictivas leyes sobre la encriptación de datos.

 

Sin embargo, ahora la Unión europea vuelve a tomar el relevo en la legislación en el ámbito tecnológico. El pasado 27 de junio, entró en vigor el nuevo Reglamento europeo 2019/881 en materia de ciberseguridad conocido con el sobrenombre de “Cibersecurity Act que exige la acreditación de todos los certificadores que operen en Europa en materia de ciberseguridad con independencia de su carácter privado o público. Como ya ha anunciado, la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), este documento permite establecer un nuevo marco normativo para fomentar la seguridad de los servicios en línea y acabar con los ataques cibernéticos.

 

De esta forma, se ha conseguido también reforzar el mandato de la Agencia de la Unión Europea para la ciberseguridad (ENISA) con la intención de crear un mercado digital único para los procesos, productos y servicios relacionados con las TIC y “el internet de las cosas”, que permita que los certificados emitidos por cada Estado miembro sean válidos en toda la Unión Europea, convirtiéndose así en una especie de “ventanilla única europea”. Con este tipo de acciones la UE permite impulsar la seguridad, a la vez que reduce los costes y las barreras empresariales. Esta iniciativa también pretende fomentar la cooperación europea en materia penal.

Esta preocupación por la ciberseguridad de los ciudadanos europeos se materializa en el establecimiento de un mecanismo para establecer requisitos europeos en ciberseguridad que confirmen que los productos y servicios conectados (relacionados con las TIC), han sido evaluados con arreglo a requisitos de seguridad, disponibilidad, autenticidad, integridad y confidencialidad de los datos tanto distribuidos como almacenados.

 

 

 

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