Judit Nieto,

Colaboradora editorial.

@judithng9

El pasado 27 de junio Sala de lo Penal del TS,  en una sentencia de la que ha sido ponente el Magistrado Vicente Magro Servet, decidió incorporar el elemento de la  intimidación psicológica a menores del derecho anglosajón del inglés “psychological intimidation or emotional abuse”, como elemento diferenciador para que el hecho delictivo sea calificado de agresión sexual, y no de abuso sexual. Esto se debe al gran impacto que posee no sólo la “violencia no física”, sino también mental sobre los sujetos pasivos de estos delitos, y más aún cuando éstos son menores de edad.

En el derecho anglosajón este elemento clave en las agresiones sexuales recibe  diversos nombres como psychological intimidation (intimidación psicológica), “emotional violence” (violencia emocional) o “sexual coertion unwanted and maltreatment” (coerción sexual no deseada). Este tipo de violencia no física incluye tanto actos de omisión , como de comisión como por ejemplo la humillación de las víctimas resumiendo a la perfección la presión psicológica a la que se ven sometidos los menores en sus hogares cuando son víctimas de delitos contra su idemnidad sexual. Los actos realizados en un lugar de donde es compleja la huida como el hogar, en un contexto de intimidación psicológica, coadyuvan a la situación de “vencimiento” de la voluntad del menor. Lo que nos conduce a otra característica esencial de este tipo de delitos como es la de que son causados por personas de su entorno intrafamiliar y dentro del hogar.

Como bien ha destacado la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en su sentencia 332/2019 de 27 de junio que desestima el recurso de casación interpuesto por el condenado y convierte en firme la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona:El agresor sexual se convierte en un amenazador permanente que, con su conducta y ascendencia, persigue y consigue vencer la inicial, y en muchos casos, mínima oposición de los menores a llevar a cabo estos actos”

Los hechos probados tienen su origen en la sentencia de la  Sección 20 de la Audiencia Provincial de Barcelona que condenó al agresor a un total de  a 14 años y 3 meses de prisión  por un delito continuado de agresión sexual a su sobrina,así como de elaboración y posesión  de pornografía infantil. Asimismo, se le condenó por un delito de descubrimiento y revelación de secretos  con la prohibición de no acercarse a ella a menos de 1.000 metros durante 24 años.

En ese juicio quedó probado que, desde 2010, que el agresor Marcelino Bombuy de 72 años abusó de su sobrina a lo largo de 6 años (desde que la menor tenía 9 años hasta los 15 años de edad). Aprovechando, que el padre de la menor se estaba muriendo en el hospital, y que él se quedaba a su cargo, comenzó a realizarle “tocamientos sobre sus pechos, nalgas, piernas y vagina”. Para posteriormente, cuando la joven cumplió los 11 años de edad, perpetrarle agresiones sexuales continuas. Valiéndose de las mismas ventajas y con la misma intención de satisfacer sus instintos sexuales, el procesado aumentó la frecuencia de las agresiones, comenzando además de los tocamientos referidos, a realizarle penetraciones  vaginales, y ordenando igualmente a la  niña que le practicase felaciones y que lo masturbase, tal y como detalla la sentencia citada.

En palabras del Alto Tribunal y como se pudo extraer del testimonio de la niña: “La joven simplemente accedía por miedo”. En palabras de la Audiencia “La menor accedía a las peticiones de su tío atemorizada por aquél, quien le manifestaba, con el fin de infundirle miedo y evitar que se opusiera a sus perversos deseos, que, de no hacerlo, “mandaría todo a la mierda”, contaría a su madre una versión engañosa de lo ocurrido con anterioridad y daría difusión por internet a fotografías que con carácter previo y sin consentimiento ni conocimiento de la menor le había ido realizando durante las prácticas sexuales antes descritas”. Todo este calvario terminó en 2015 cuando la víctima aconsejada por un amigo y con el apoyo de su madre decidió denunciar la agresión.

Según se recoge en la sentencia de forma magistral, en el supuesto que nos ocupa  se produce lo que los anglosajones, que han realizado estudios sobre esta violencia sexual en el hogar contra menores por su propio entorno, denominan como “sexual coercion unwanted is sexual activity that happens when you are pressured, tricked, threatened, or forced in a non physical way”. Es decir, tiene lugar la  coerción sexual como actividad sexual no deseada que ocurre cuando se los presiona, engaña, amenaza o fuerza de una manera no física

Cabe destacar también como expone el TS, que el relato de la niña es  totalmente veraz así lo expone el Magistrado Vicente Magro Servet quien afirmó: ” No hemos apreciado ningún móvil espurio u otro factor de distorsión capaz de poner en duda la veracidad de sus afirmaciones”.

Por último, el Alto Tribunal también trata otro tema de vital importancia jurídica como es el de si en delitos sexuales como este, el pago de la indemnización total por el acusado (en ese caso cifrada en  40.000 euros) da derecho a aplicar una atenuante cualificada de reparación del daño. A este respecto, los  cinco magistrados coincidieron en que no había lugar para la declaración de la atenuante cualificada porque “El simple pago no es suficiente para que se aprecie la atenuante de reparación como muy cualificada, aunque se consigne la totalidad de las responsabilidades civiles al tratarse de un delito de elevada gravedad”.

 

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