Colaboradora Editorial,

Esmeralda Vílchez Domínguez.

@esmeraldavildo

La Dirección General de Tributos ha emitido una reciente respuesta sobre el tratamiento fiscal de las ayudas percibidas tras las inundaciones. La respuesta se materializa en la consulta vinculante V1586-19, de 27 de junio de 2019 de la Subdirección General de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas.

En dicha consulta podemos observar como el legislador prevé las situaciones en las que las ayudas o subvenciones recibidas por las CCAA, los Ayuntamientos, y demás Administraciones Públicas estarían exentas de tributación en el IRPF siempre y cuando estén justificadas por los daños sufridos en la vivienda habitual como consecuencia de las inundaciones. Esta medida encuentra su razón de ser en los motivos de urgencia social con la finalidad de “sustituir o reparar el ajuar domestico destruido, y ayudas para la reparación o sustitución de los elementos patrimoniales afectados”.

En el caso de las ayudas o subvenciones de la Comunidad Autónoma de Mallorca no estuvieran incluidas en la exención nombrada con anterioridad, sería posible aplicarles la exención dispuesta en el artículo 7 y) de la Ley del IRPF. El mismo establece que: “las prestaciones económicas establecidas por las CCAA en concepto de renta mínima de inserción para garantizar recursos económicos de subsistencia a las personas que carezcan de ellos, así como las demás ayudas establecidas por estas o por entidades locales para atender, con arreglo a su normativa, a colectivos en riesgo de exclusión social situaciones de emergencia social, necesidades habitacionales de personas sin recursos o necesidades de alimentación, escolarización y demás necesidades básicas de menores o personas con discapacidad cuando ellos y las personas a su cargo, carezcan de medios económicos suficientes, hasta un importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples”. Es decir, estas ayudas podrán ser consideradas como prestaciones económicas establecidas por las CCAA en concepto de la denominada renta mínima de inserción, garantizando de esta forma los recursos económicos de subsistencia a las personas que carezcan de los mismos.

La consulta establece además que, en el caso de las ayudas no exentas de IRPF, la imputación temporal se deberá realizar en el periodo impositivo en que tenga ligar su cobro.

En los casos en los que además se pudieran percibir indemnizaciones por corredurías de seguros, se denominarán como pérdidas patrimoniales. Calculando de este modo la diferencia entre la cantidad percibida y la parte proporcional del valor de adquisición correspondiente al año en concreto. Pero, cuando se perciban ambas dos (subvenciones o ayudas e indemnizaciones), sin que se superase el valor de los daños producidos, se entendería que ambas cuantías forman un conjunto, es decir, una ayuda pública. Por lo que, quedarían exentas de tributar en IRPF.

Fuente Institucional.

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