“La CNMC incoa un expediente sancionador contra Correos por abuso de posición de dominio” #CompartirConocimiento

"Según la CNMC, la compañía de servicios postales habría ofrecido cuantiosos descuentos a los grandes clientes, con el resultado de unos ingresos unitarios muy por debajo de sus costes, con el objetivo de fidelizarlos, excluyendo al resto de operadores del mercado"

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“No se vende mediante el precio, se vende el precio.”

Philip Kotler, estadounidense, economista y especialista en mercadeo, titular distinguido, desde 1988, de la cátedra de Marketing Internacional S.C. Johnson & Son en la J.L.

Judith Nieto Galende,
Colaboradora editorial.
Twitter: @judithng9

La posición de dominio es un término propio del Derecho de la Competencia que hace alusión a la situación de poder de económico de una o más empresas, que permite obstaculizar o impedir la libre competencia.

El 25 de noviembre de este mismo año, la CNMC ha decidido incoar un expediente sancionador contra la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. (Correos), al observar indicios racionales de una posible infracción prohibida por los artículos 2 de la LDC y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)(S/DC/0041/19).

En los últimos cinco años, las resoluciones de la CNMC por las que se revisan los precios de los servicios postales prestados bajo régimen de obligaciones de servicio público (de conformidad con el artículo 34 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal), han permitido acreditar la existencia de cuantiosos descuentos a grandes clientes, con el resultado de unos ingresos unitarios muy por debajo de sus costes y unos precios pagados por estos clientes que no responden exclusivamente al ahorro de costes que generan.

Esto significa que Correos estaba haciendo uso de la importancia de su posición en el mercado de los servicios postales para fidelizar a este tipo de clientes,excluyendo de esta manera al mercado minorista de  prestación de servicios postales tradicionales de carta. La compañía de servicios postales habría estado de esta forma favoreciendo a remitentes de envíos masivos de correo, desde, al menos, el año 2015 y hasta el año 2019.

LA LEGISLACIÓN APLICABLE

La condición de ser “el operador designado por el Estado para la prestación del servicio postal universal” está normalmente adherido a diversos beneficios como el de quedar exento de los tributos que graven su actividad vinculada al servicio postal universal, excepto el impuesto sobre Sociedades.Sin embargo, también conlleva controles y responsabilidades.

En la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, destacan tanto el artículo 22 por el que se regulan las condiciones y principios de prestación del servicio postal universal exigibles al operador designado por el Estado, como el artículo 34  referido a las condiciones que deben cumplir los precios del operador de servicios postales elegido por el Estado,que es objeto de estudio en este caso.

En el artículo 22 de esta normativa se establece que La prestación del servicio postal universal así como las relaciones de los usuarios con el operador designado, se regirán por los principios de equidad, no discriminación, continuidad, buena fe, y adaptación a las necesidades de los usuarios. En este caso, adquieren especial relevancia los requisitos de “equidad” entendida como la obligación de “ofrecer a los usuarios que estén en condiciones similares el mismo tratamiento y prestaciones idénticas”;  y de “no discriminación” entendido como la posibilidad de “prestar el servicio sin diferenciación de ningún tipo entre los usuarios que se encuentren en condiciones análogas, especialmente las derivadas de consideraciones políticas, religiosas, raciales, sexuales, culturales o ideológicas o de discapacidad”.

En cuanto a los requisitos sobre los precios que se muestran en el artículo 34 de la Ley  se establece que  “los precios de los servicios postales prestados bajo régimen de obligaciones de servicio público deberán ser asequibles, transparentes y no discriminatorios y fijarse teniendo en cuenta los costes reales del servicio, de modo que ofrezcan incentivos para la prestación eficiente del mismo”. Es precisamente este artículo el que la compañía de ” Correos” habría venido incumpliendo al beneficiar los envíos masivos de correos y a los grandes remitentes , frente al resto.

En este mismo sentido, el Tribunal Supremo ya había confirmado, en diciembre de 2018, la Resolución de precios de la CNMC de 2015 y la Audiencia Nacional también había confirmado en marzo de 2019, la correspondiente a los precios de 2017 que Correos podría haber incumplido. Correos ha sido el líder del sector postal tradicional, con una cuota de mercado en 2017 del 86,4% en el envío de cartas, obedeciendo una parte muy relevante de su facturación bruta, a los clientes que obtienen descuentos.

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