Renée Kreis Kohnen,

Redacción editorial.

La Audiencia Nacional ha condenado a 30 años de prisión a los miembros de ETA Francisco Javier García Gaztelu (alias “Txapote”), José Ignacio Guridi Lassa, Asier Arzalluz Goñi y Aitor Agirrebarrena, por el asesinato cometido contra el funcionario de Instituciones Penitenciarias Máximo Casado, más tres años de prisión por daños con finalidad terrorista. El atentado se produjo el 22 de octubre del 2000 sobre las 7:45h, cuando el funcionario intentó poner en marcha su vehículo provocando así la explosión del artefacto y con ello, su muerte en momentos inmediatamente posteriores.

Según los hechos probados en la sentencia, los procesados José Ignacio, Asier y Aitorcolocaron una bomba lapa en el vehículo de la víctima, cumpliendo las órdenes expresas de “Txapote”. Ello con la intención de causar la muerte del funcionario en la campaña contra “carceleros y el poder judicial” de la organización terrorista.

La Audiencia ha estimado que existía un “evidente dolo de matar” y alevosía por el modus operandi empleado por los autores para conseguir el objetivo perseguido.La muerte del funcionario como consecuencia de la bomba, mediante la cual se aseguró su muerte y se le privó completamente el poder defenderse, han conllevado a que los hechos fuesen calificados de asesinato terrorista al concurrir todos los requisitos típicos. Terrorista, porque todos los autores eran miembros del comando TTOTTO dentro de ETA, organización que reivindicó la perpetración del hecho con la finalidad de subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública.

La Audiencia ha impuesto la pena prevista por asesinato en su máxima expresión, 30 años, por haberse utilizado el atentado como un mecanismo para atemorizar el colectivo profesional y el conjunto de la sociedad y por tener fines políticos. Además se ha tenido en cuenta el hecho de que se trataba de una víctima de mediana edad cuya muerte ha sido provocada puramente por su condición de funcionario de prisiones.

En cuanto al delito de daños, provocados en el garaje donde se encontraba estacionado el vehículo de la víctima, se ha impuesto una pena de tres años. Adicionalmente se ha establecido una indemnización de 305.000 euros tanto para la mujer del funcionario como para su hija en concepto de responsabilidad civil, y una indemnización de 62.730 al Consorcio y Compensación de Seguros.

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