Redacción editorial, 

Belinda Inmaculada Delgado Barrientos. 

Con anterioridad a la lectura de este comentario, tenemos que tener en mente que, no se trata de examinar la capacidad y aptitud de la alumna sino de comprobar, si en el marco del procedimiento especial de protección de Derechos Fundamentales, se ha visto vulnerado el derecho a la educación.

La sentencia recurrida se basa en tres puntos claves:

  • Denegación a la renuncia de adaptaciones curriculares significativas a la alumna.
  • Reclamación contra la no obtención de la titulación en la educación secundaria de la alumna.
  • Indemnización por los daños y perjuicios causados.

La parte recurrente solicita que se revoque la sentencia de fecha 7 de febrero de 2019 dictada en el Procedimiento especial para la protección de Derechos Fundamentales por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Segovia. Entiende esta parte, que la denegación a la renuncia de las adaptaciones curriculares significativas (en adelante ACS) conllevaría una vulneración del Derecho a la educación recogido en el artículo 27 de la constitución en relación con el artículo 14. Defiende, que tras presentar cuatro  renuncias, una verbal y cuatro escritas a las referidas adaptaciones, dos de ellas fueron aceptadas y las demás fueron rechazadas ello supone una  prueba de que, aunque la menor presente las mismas circunstancias para todas las asignaturas, las ACS son decididas por los profesores de cada asignatura  (tal y como se corroboró con la prueba testifical de la directora) y no, atendiendo al informe de especialistas como fue manifestado por la administración. Por lo que, fruto de la negativa a la renuncia de las ACS se generaría una situación discriminatoria que, a diferencia de los demás alumnos impediría el acceso a la titulación a Doña Hortensia, y por tanto, se vería vulnerado el derecho a la educación. No podemos olvidar que las referidas adaptaciones se deben utilizar como una medida de atención a la diversidad, y en ninguno de los casos pueden suponer una discriminación para titular.

Respecto de la segunda cuestión, entiende la parte apelante que se le tendría que haber concedido el título de la ESO en todo caso, al haber obtenido notas positivas en todas las asignaturas a pesar de haber tenido adaptación currícular significativa (la menor tiene ACS en todas las asignaturas salvo Valores Éticos, Ciencias Aplicadas y Plástica Visual y Audiovisual).

Y en último lugar respecto de la indemnización, entiende esta parte que ha de ser indemnizada la menor en el importe que se determine en ejecución de sentencia.

A mayor abundamiento debemos señalar que el Ministerio Fiscal solicita una revocación parcial de la sentencia. Al igual que la parte recurrente, entiende el Ministerio Fiscal que, en lo que se refiere a la denegación a la renuncia de las adaptaciones curriculares significativas, se considera procedente la estimación del recurso puesto que, si entendemos que las ACS pueden imponerse a una alumna no deben suponer un obstáculo para titular, puesto que en el caso de que así sea, debe ser posible renunciar a ellas. Sin embargo, respecto a lo que se refiere a la impugnación de la resolución de no titulación de Graduado en ESO, entiende que no han sido acreditados tal y como exige el artículo 7 de la Orden EDU/865/2009, que la alumna haya alcanzado las competencias básicas y los objetivos de cada etapa teniendo en cuenta que las calificaciones obtenidas que se reflejan en el informe de evaluación con ACS, no pueden interpretarse sin más, como equivalente de la superación de dicho requisito.

Lógicamente el Letrado de la Comunidad Autónoma rebate los argumentos del recurso de apelación en todos sus sentidos. En primer lugar, manifiesta que la participación de los padres en el proceso educativo de menores con necesidades, no da lugar al reconocimiento  del derecho a decidir sobre qué asignaturas van a tener adaptación curricular, y cuáles no,  siendo ello una competencia de los servicios orientadores del centro, que tras la información proporcionada por los padres y la que le constaba a la Administración fijaba las asignaturas que tendrían adaptación. En este extremo es importante señalar que, a diferencia de lo sostuvo  la administración, que sostiene en la oposición al recurso y que fue acogido en la sentencia apelada, en la testifical de la directora se corroboró que efectivamente eran los profesores los que decidían las adaptaciones, de ahí que algunas asignaturas tuvieran adaptación y otras no.

Por otro lado, y al igual que manifiesta el Ministerio Fiscal entiende el Letrado de la Administración que no han sido cumplidos por parte de la alumna los objetivos fijados para obtener la titulación de la ESO, y que en caso de que se le otorgase la referida titulación a medida para ella, es decir, con ACS, daría lugar a la discriminación de otros de sus compañeros que, sin tener ACS, tampoco alcanzan las competencias previstas para la etapa de la ESO.

En conclusión, y para terminar, una vez analizadas las tres posiciones, se estima parcialmente el recurso de apelación en el sentido manifestado por el Ministerio Fiscal, toda vez que se entiende vulnerado el derecho fundamental a la educación en igualdad de condiciones previsto en el artículo 27 en relación con el artículo 14 de la Constitución. De igual modo destacar, que no procede en este caso el reconocimiento de una indemnización ya que no se ha presentado prueba del daño, exceptuando meras manifestaciones genéricas.

“Si se obliga a realizar adaptaciones curriculares, se impide titular. Si se impide titular, se vulnera el derecho a la educación en igualdad. Sin embargo, si no se obtienen los requisitos fijados, no puede obtenerse el título, no suponiendo ello una vulneración del derecho a la educación”.

Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso 172/2019

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