¿Es posible un cambio en el criterio administrativo que perjudique al contribuyente? El Supremo declara en contra #CompartirConocimiento

El Alto Tribunal se pronuncia a favor del contribuyente: si este ha actuado conforme a los criterios de la administración y, posteriormente, es sancionado porque la Administración decide cambiar de criterio, no podrá perjudicarle en ningún caso.

Estefanía Harana Suano, Colaboradora Editorial.
@fannylaw92

En esta ocasión vamos a profundizar en una materia de gran importancia para el contribuyente, ya que en una multitud de ocasiones se tiene que someter al criterio administrativo cuando es objeto por ejemplo de una inspección tributaria y debe saber cómo se debe aplicar dicho criterio administrativo y, por tanto, así poder aplicar correctamente la normativa que le afecta como contribuyente. 

En el caso que vamos a analizar, el contribuyente era socio de una comunidad en régimen de atribución de rentas y se aplicó la reducción del rendimiento neto de actividades económicas por mantenimiento o creación de empleo que introdujo la Ley 26/2009 del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas y mantuvo posteriormente la Ley 22/2013 (en adelante, LIRPF). Para poder aplicarse dicha deducción debía contener una cifra neta de negocios inferior a 5.000.000 euros pero no podría ser aplicable si la plantilla media de trabajadores excede de 25 empleados. 

Una vez claros los requisitos para poder aplicarse la deducción, el contribuyente se preguntaba lo siguiente: ¿quién debía reunir los requisitos anteriormente citados en el caso de un régimen de atribución de rentas? La Administración Tributaria y la Dirección General de Tributos interpretaron la situación y declaraba expresamente que era el socio quien debía acreditar la concurrencia de dichos requisitos para poder disfrutar de dicha deducción y, como tal, el contribuyente reunía por sí dichos requisitos.

Años después, la Administración Tributaria abrió un procedimiento de comprobación limitada con dicho contribuyente para comprobar la reducción aplicada y, tras el transcurso de la investigación, la Administración dio un giro sorprendente a su interpretación inicial: para poder aplicar dicha reducción era necesario que los requisitos no los reuniera el socio sino que debían concurrir en la entidad de atribución de rentas y sancionó al contribuyente.

¿Qué sucede entonces? ¿Puede la administración sancionarnos incluso cuando actuamos conforme a su criterio porque luego decida cambiarlo inesperadamente? ¿Qué protección y seguridad jurídica otorgaría al contribuyente una situación como esta? 

Pues bien, muchas preguntas que nuestro Alto Tribunal decide resolver y darle una solución. Para ello, se centra en numerosas Consultas Vinculantes y manuales de renta referentes a los años de aplicación para comprobar cuál era en ese entonces el criterio de la administración y llega a la conclusión de que la Administración en ese momento tenía claro que era en la persona del socio donde debían concretarse los requisitos. Parece ser que, para nuestro tribunal, este cambio de criterio es una transgresión del principio de confianza legítima junto a la buena fe y lealtad institucional así como de seguridad jurídica. 

Según el Tribunal, el contribuyente fue fiel al criterio de la administración siguiendo lo establecido en consultas y manuales y, se entiende, que es especialmente importante el principio de seguridad jurídica para el ámbito de la aplicación de tributos ya que estamos ante un sistema de autoliquidación donde es el propio contribuyente quien tiene que pagar el tributo pero también declararlo, identificarlo, determinarlo, calcularlo y cuantificarlo. De manera que es contradictorio el hecho de que si el contribuyente sigue los parámetros administrativamente fijados un cambio de criterio no deje a salvo lo que hasta ese momento se haya practicado por el administrado salvo que fuere más favorable para los intereses económicos y patrimoniales del contribuyente. 

En conclusión, podemos decir que en el caso en que el contribuyente siga el criterio administrativo y posteriormente se efectúe un cambio de criterio por parte de la administración podemos encontrarnos ante dos situaciones diferentes:

  • Si el nuevo criterio perjudica al contribuyente: que, en este caso, no sería aplicable hasta el momento en que se cambia de criterio, es decir, no tendría efecto retroactivo y, por tanto, no puede llegar a sancionarse al contribuyente.
  • Si el nuevo criterio beneficia al patrimonio o a los intereses económicos del contribuyente: en este caso, la administración sí puede hablar de retroactividad para satisfacer al mismo.

Por ello, es importante que a la hora de confeccionar la autoliquidación de los impuestos nos basemos no únicamente en la legislación del tributo en cuestión sino también en los criterios dictados por la Administración Tributaria así como la Dirección General de Tributos que nos va a otorgar una mayor seguridad jurídica de corrección en su confección y éxito en las posibles inspecciones que puedan surgir.

Fuente Institucional

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