Colaboradora Editorial,

Esmeralda Vílchez Domínguez.

@esmeraldavildo

Tras la valoración del magistrado de la Sala y la intervención del jurado popular, la Sentencia del denominado “caso de los tirantes” considera que: “la intención de Rodrigo (el acusado) era sólo lesionar a Victorino (la víctima), y que no hubo intención de matarle, siendo por tanto el autor de las lesiones y del homicidio imprudente por el que se condena”. Dicha decisión está fundamentada en los informes médico periciales a los que tuvo acceso el jurado popular mediante la defensa.

En la concurrencia del delito de lesiones, el Tribunal entiende que confluye el agravante de alevosía debido a que el acusado, se abalanzó por la espalda de la víctima de una forma sorpresiva. Lo que impidió la oportunidad o capacidad de defensa de esta. En cuanto al agravante de ensañamiento, se considera que: “fue terrible el resultado padecido, e indudable la brutalidad del acusado aprovechando que la víctima estaba inconsciente en el suelo, pero no prolongó el sufrimiento de Victorino, pues el anterior golpe con el suelo, según el Jurado Popular, fue el que le dejó inconsciente, aunque con vida hasta el día de su fallecimiento”. Como podemos observar, no concurre el agravante de ensañamiento, ya que las diversas patadas y golpes proporcionados a la víctima no fueron necesarios para que este falleciese (la Sala hace múltiples referencias a jurisprudencia en este sentido).

Por otro lado, se hizo referencia al agravante por motivos ideológicos. Y, en este caso, el Tribunal considera que la Constitución Española no prohíbe las ideologías situadas en los extremos políticos, ni prohíbe ideas que puedan ser consideradas rechazables desde el punto de vista de los valores constitucionales, como los derechos fundamentales o las libertades públicas. Además, recalca la tolerancia a todo tipo de ideas, como consecuencia del derecho a la libertad de expresión. Hecho que no es digno de ser perseguido penalmente. Diferenciando en todo momento que: “lo que no se encuentran bajo la protección constitucional es la realización de actos o actividades que, en el desarrollo de aquellas ideologías, vulneren otros derechos constitucionales”. Por todo ello, se llega a la conclusión de que dicha agravante concurre en este caso, debido a que:” el acusado actuó con la exclusiva finalidad de vindicar su ideología, al margen de cualquier consideración personal”. O, dicho de otro modo, el acusado fue movido a ejecutar tal acción por la estética y simbología que vestía la víctima en aquel momento.

Finalmente, se ha tenido en cuenta el atenuante de arrebato, tal y como ha estimado el jurado al conocer que el acusado fue advertido en varias ocasiones de la existencia de una navaja. Información que pudo causar en el acusado un estado de furor o arrebato.

La condena a estos hechos supone una pena de prisión de cinco años por un delito de lesiones dolosas de los artículos 147, 148.2 del Código Penal –alevosía- en concurso ideal con un delito de homicidio imprudente del art. 142 del mismo texto legal, con la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal la atenuante de arrebato y la agravante de cometer el delito por discriminación referente a la ideología.

Fuente Institucional.

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