Colaboradora Editorial,

Esmeralda Vílchez Domínguez.

@esmeraldavildo

 

La pasada semana la Sala de lo Contencioso – Administrativo del TS ha emitido una sentencia por la que un inmigrante argelino solicitaba asilo en España para así evitar su expulsión (léase noticia aquí). Dicho individuo se encontraba en situación irregular y por ello mismo fue detenido a finales del año 2016. Tras este acontecimiento se inició un expediente sancionador que conllevaba la expulsión del territorio español. A continuación, el Juzgado de Instrucción nº3 de Melilla ordenó su ingreso en el CIE de Aluche durante un plazo máximo de 60 días.

Por todo ello, el hombre de origen argelino inicia un procedimiento judicial por el que pretende mantener su estancia en territorio español de una forma legal contando con la autorización de la Audiencia Nacional. Es entonces ahora cuando surge la controversia en este sentido, dado que el TS califica las acciones del inmigrante como “un grosero uso fraudulento de la ley que agrieta o prostituye el asilo”.

Por otro lado, la Abogacía del Estado recalcó las diferencias sustanciales que existen entre un puesto fronterizo y un CIE. En este sentido, el TS ha optado por aludir a las leyes internacionales de asilo y, especialmente, a la ley 12/2009 en cuanto a la regulación del asilo y la protección subsidiaria. En este punto, es cuando el Tribunal apela al artículo 17.2 el cual establece que: “La comparecencia deberá realizarse sin demora y en todo caso en el plazo máximo de un mes desde la entrada en el territorio español o, en todo caso, desde que se produzcan los acontecimientos que justifiquen el temor fundado de persecución o daños graves”. Mediante este argumento, el Tribunal estima que el inmigrante argelino presentó la petición de asilo a los cinco meses, por lo que no reúne de ningún modo las circunstancias necesarias para adquirir la condición de refugiado y, por ende, solicitar asilo en territorio español.

Finalmente, el Tribunal destaca que el inmigrante argelino presentó la solicitud de asilo un jueves, considerando que el mismo lo hizo “con intención de servirse del fin de semana”. Como podemos observar la sentencia incluye algunas frases muy severas, añadiendo en última instancia lo siguiente: “El daño a todos los verdaderos refugiados que causa es inmenso, pues él y otros muchos como él, que incurren en el fraude de ley del art. 6.4 Código Civil, impiden a la Administración prestar la atención que merecen los que de verdad y fundadamente reclaman la protección internacional. Y la institución del asilo se agrieta o se prostituye, perdiendo su trascendencia humanitaria por su uso fraudulento y además abusivo en este caso“. Por ello, se confirma la decisión de expulsión del inmigrante argelino.

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