Redacción editorial, 

Pilar Nafría. 

En primer lugar, conviene señalar las partes que participan en este procedimiento. Este procedimiento tiene por objeto resolver un recurso de casación, es decir, se solicita a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que resuelva un recurso de casación. Este recurso de casación se ha interpuesto por una serie de personas físicas contra la Sentencia dictada el 16 de enero de 2017 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, Sección Segunda, al desestimar el recurso de apelación que fue interpuesto por esas mismas personas físicas. Por su parte, la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha aparece como parte recurrida.

En esta línea y para comprender adecuadamente el posterior fallo judicial resulta fundamental realizar una breve descripción de los hechos que han sido relevantes a lo largo del procedimiento. Así, en primer lugar, estas personas físicas interpusieron en diferentes fechas, diversos recursos de alzada contra la resoluciones que determinaban sus ceses en sus puestos de trabajo como funcionarios interinos. En consecuencia, el Consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha dictó diversas resoluciones por cada uno de los recursos de alzada interpuestos y todas ellas desestimaron dichos recursos de alzada.

En vista de ello, estas personas físicas interpusieron recurso  frente a estas resoluciones dictadas por el Consejero de Educación, y a continuación se dictó sentencia el 25 de noviembre de 2014 por el Juzgado contencioso administrativo desestimando el recurso interpuesto por estas personas frente a las mencionadas resoluciones.

Ante ello, estas personas particulares interpusieron recurso de apelación frente a la sentencia de 25 de noviembre de 2014, el cual fue desestimado por la sentencia dictada el 16 de enero de 2017 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.

La sentencia recaída en ese proceso de apelación con fecha 16 de enero de 2017 en la que se desestimaba el recurso de apelación formulado contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, desestimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra las resoluciones mencionadas, es contra la que se preparó el presente recurso de casación.

Una vez, entendido cómo se ha ido desarrollando el presente procedimiento, cabe precisar que la cuestión en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la siguiente: Si el cese de los funcionarios docentes interinos de los Cuerpos Docentes no universitarios al final del período lectivo del curso escolar, basado sólo en la causa de que en los dos meses restantes de éste (julio y agosto) desaparece la necesidad y urgencia que motivó su nombramiento, comporta o no un trato desigual no justificado con respecto a los funcionarios docentes fijos o de carrera.

Por una parte, en el escrito de interposición del recurso, interpuesto por las personas particulares se solicita, en primer lugar, que se declaren nulas y no ajustadas a derechos las resoluciones administrativas antes mencionadas, y en segundo lugar, que se declare el derecho de todos los recurrentes de mantener el puesto de trabajo adjudicado a cada uno de ellos, en cada caso.

Además, se pide el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia del cese en su puesto de trabajo, en las cuantías que legalmente correspondan, más sus intereses legales, así como el reconocimiento a efectos administrativos del periodo de trabajo de la vacante adjudicada hasta la fecha en que debió extenderse su nombramiento.

Asimismo, se solicita que se condene a la Administración Educativa a estar y pasar por dichas declaraciones, se condene en costas causadas en las instancias a la Administración demandada y se declare de oficio las del presente recurso de casación.

Por otra parte, en el escrito de interposición del recurso, la parte recurrida solicita que se confirme íntegramente la sentencia recurrida, y que se declare en consecuencia ajustado a derecho el cese que se practicó por la Administración Regional.

En cuanto a los fundamentos de derechos manifestados en este procedimiento, en primer lugar se reitera lo establecido en la sentencia dictada en grado de apelación y ahora impugnada en casación. Esta sentencia dictada en apelación exponía que estas personas particulares fueron cesadas desde la premisa fundamental de su nombramiento provisional, docentes interinos como fueron, y que cuando desaparecieron las razones de urgencia y necesidad que, desde luego, motivaron sus respectivos nombramientos, podían ser cesados, como lo fueron.

Además, en esta sentencia se establecía que si desaparece alguna de las razones por las que fue nombrado el interino, la Administración debe reaccionar, con las debidas garantías legales, que no consta se hubieran vulnerado aquí, y menos aún la aducida discriminación con el personal funcionario de carrera, porque una cosa es que durante el ejercicio de su función, en activo para entendernos, no pueda producirse actuación discriminatoria a igualdad de tareas, derechos y responsabilidades, y otra que no pueda procederse al cese del que fue provisionalmente nombrado una vez que las circunstancias por las que fue nombrado el interino ya no concurran.

En el escrito de interposición del recurso de casación se afirma que la sentencia vulnera la Cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura en el Anexo de la Directiva 1999/70/CE y, en su desarrollo hace cita y trascripción de diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asimismo, se aclara que también vulnera los artículos 10.3 y 5 del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 7/ 2007 , y el artículo 14 de la Constitución Española.

La controversia del presente procedimiento gira en torno a la situación que se crea cuando desaparecen las razones de necesidad y urgencia que motivaron el nombramiento, puesto que cuando concurre este supuesto se suscita la siguiente cuestión: se debe determinar si la finalización del período lectivo del curso escolar puede considerarse una razón objetiva que justifique un diferente trato a los precitados funcionarios docentes interinos respecto de los funcionarios docentes fijos.

En cuanto a esta cuestión cabe mencionar la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/ CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, ya que dicha cláusula debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que permite a un empleador extinguir, en la fecha en que finaliza el período lectivo, la relación de servicio de duración determinada de los docentes nombrados como funcionarios interinos para un curso académico por el hecho de que, en esa fecha, ya no se dan las razones de necesidad y urgencia a las que se supeditó su nombramiento, mientras que se mantiene la relación de servicio por tiempo indefinido de los docentes que son funcionarios de carrera.

Por tanto, y en base a las consideraciones realizadas anteriormente, el Tribunal Supremo desestima el presente recurso de casación puesto que, partiendo de que los funcionarios interinos ejercían las mismas funciones que los docentes que eran funcionarios de carrera (eran funcionarios comparables), se plantea la cuestión de si la finalización del período lectivo constituye efectivamente una razón objetiva que justifique un trato diferenciado entre los docentes en función de que sean funcionarios interinos o funcionarios de carrera.

Además, la diferencia de trato invocada deriva únicamente del hecho de que la relación de servicio de los interesados finalizó en una fecha determinada, mientras que la de los docentes que eran funcionarios de carrera se mantuvo después de dicha fecha.

Así, el Tribunal declara que el cese de los funcionarios docentes interinos de los Cuerpos Docentes no universitarios al final del período lectivo del curso escolar, basado sólo en la causa de que en los dos meses restantes de éste (julio y agosto) desaparece la necesidad y urgencia que motivó su nombramiento, no comporta un trato desigual no justificado con respecto a los funcionarios docentes fijos o de carrera y que, en consecuencia procede desestimar el presente recurso de casación.

Fuente institucional

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