Redacción editorial, 

Pilar Nafría. 

Para comenzar corresponde señalar cuáles son las partes implicadas en este asunto. Este procedimiento tiene por objeto un recurso de casación. Más específicamente, se solicita que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo resuelva un recurso de casación interpuesto por el Sindicato de Técnicos de Enfermería de Castilla y León contra la sentencia, de 3 de mayo de 2016, de la Sección Primera, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Castilla y León.

Por otra parte en el presente procedimiento existen dos partes recurridas, la Comunidad Autónoma de Castilla y León y el Consejo de Colegios Profesionales de Diplomados en Enfermería de Castilla y León.

A continuación, para comprender adecuadamente el posterior fallo judicial resulta fundamental realizar una breve descripción de los hechos que han sido relevantes a lo largo del procedimiento. Así, en primer lugar, el Consejo de Colegios profesionales de Diplomados en Enfermería de Castilla y León interpuso recurso contencioso administrativo ante la Sala, con sede en Valladolid, de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El motivo de dicho recurso contencioso administrativo consistía en que impugnaban el acuerdo suscrito el 21 de noviembre de 2014 por el Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León con el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) de Castilla y León. De esta manera, se adujo la nulidad de pleno derecho del acuerdo recurrido por no haberse seguido para su dictado alguno de los procedimientos previstos en los arts. 70 y 71 de la Ley autonómica 3/2001, del Gobierno de Castilla y León.

Además, se alegó nulidad por vulneración del principio de jerarquía normativa al incidir directamente en las competencias profesionales de enfermería y por nulidad sobrevenida o derogación tacita por el Decreto autonómico 57/2014.

Una vez interpuesto dicho recurso por el Consejo de Colegios Profesionales de Diplomados en Enfermería de Castilla y León, la Sala estimó el recurso en sentencia de 3 de mayo de 2016, acordando la nulidad del acuerdo de 21 de noviembre de 2014.

Por su parte, la Administración demandada alegó la inadmisibilidad del recurso por falta de acto administrativo recurrible, ya que entendió que el Acuerdo carecía de contenido obligacional, teniéndolo solo programático.

La sentencia que estimó el recurso interpuesto por el Consejo de Colegios profesionales de Diplomados en Enfermería de Castilla y León, dispuso, en cuanto al fondo, que en la introducción o exposición de motivos del Acuerdo impugnado se indica que su finalidad es favorecer la actividad del colectivo de Técnicos de Enfermería, mediante un mayor grado de coordinación, que se conseguirá con nuevas estructuras organizativas dentro de la Dirección de enfermería, y potenciando su implicación en el área formativa que incide más específicamente en estos profesionales.

Además, en este Acuerdo se adoptan tres medidas consistentes en lo siguiente: en primer lugar, la atribución a un Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería de la coordinación de los profesionales de esta categoría, en segundo lugar, se acuerda que el personal de la categoría de Técnico en cuidados Auxiliares de Enfermería participará como tutor de los alumnos de Formación Profesional, rama sanidad, ciclo formativo de Cuidados Auxiliares de Enfermería, que realicen prácticas en los centros sanitarios de la Gerencia Regional de Salud y en tercer lugar, se prevé la colaboración con la Gerencia Regional de salud en materia de Formación Continuada.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, aclara que no comparte las conclusiones a las que llega la Administración demandada y determina que el Acuerdo no tiene únicamente un carácter programático.

En esta línea, argumenta, que a través del Acuerdo de 21 de noviembre de 2014, teniendo en cuanta que recae sobre la prestación de un servicio tan esencial y sensible como es la Sanidad, se crea, aunque sea provisionalmente, una figura dentro de las Direcciones de Enfermería, la de coordinador de los Técnicos en cuidados Auxiliares de Enfermería, y se le atribuyen unas funciones que directamente afectan a las condiciones de trabajo del personal de esta categoría (distribución de turnos de trabajo, descansos, festivos, vacaciones, libranzas, etc). Asimismo, acuerdan otras medidas que también afectan a la prestación del servicio en cuanto se refieren a la formación y preparación del personal de esta categoría.

Por todo ello, se llega a la conclusión de que el mencionado Acuerdo no tenía carácter meramente programático y carente de contenido obligacional, sino que por lo contrario constituía una disposición normativa que afectaba a diversos ámbitos de la prestación del servicio sanitario y que ha sido adoptada con la única intervención de la Administración y uno de los sindicatos afectados.

Además, en el ámbito sanitario queda manifestado que existe una gran conexión entre las materias y las funciones que desempeñan unos y otros profesionales, de tal manera que no pueden adoptarse determinadas medidas que tengan incidencia en dichas materias interconectadas interesando a unos trabajadores y excluyendo a otros. Por ello, en este caso, dado que las funciones de los técnicos en cuidados Auxiliares de Enfermería, están íntimamente conectadas con las de otros colectivos sanitarios como es el caso de los Diplomados en Enfermería, el Acuerdo no puede adoptarse al margen de los mismos. Así, en la sentencia anterior se establece que debe ser estimado el primer motivo de impugnación formulando en la demanda.

En cuanto a los fundamentos de derecho puestos de manifiesto en el presente procedimiento que resuelve el recurso de casación interpuesto por el Sindicato de Técnicos de Enfermería de Castilla y León, se articula en torno a dos principales motivos, el primero de ellos denuncia la vulneración de los artículos 70 y 71 Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de Castilla y León.

El segundo motivo consiste en aducir la vulneración de los artículos 25 y 69 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso- administrativo (LJCA ), referentes a la actividad administrativa impugnable y a un supuesto en que la sentencia debe declarar la inadmisibilidad del recurso cuando el mismo tuviera por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnación, respectivamente. Además, en el motivo segundo se insiste en que el acuerdo impugnado no habría vulnerado los expresados artículos 70 y 71 de la Ley castellano-leonesa porque no se trataría de una norma y porque no sería susceptible de control jurisdiccional al tratarse de un acuerdo programático que no sería susceptible de control jurisdiccional.

Ante lo expuesto en el primer motivo, el Tribunal Supremo da la razón al contrarrecurso cuando objeta que los artículos 70 y 71 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y la Administración de Castilla y León son normas de Derecho autonómico que no pueden ser traídas a control en esta casación, como resulta de los artículos 86.4 y 89.2 de la LJCA en la versión aplicable a este caso, es decir, se establece la imposibilidad de impugnar cuestiones de Derecho autonómico.

En cuanto al motivo segundo, a juicio del Supremo, tampoco prospera puesto que, el artículo 1 de la LJCA extiende el control a toda actuación de las Administraciones Públicas sujeta al Derecho administrativo, ya sea ésta convencional (en forma de acuerdo) o unilateral (en forma de acto o, si se quiere, disposición general). En consecuencia, establece el Tribunal Supremo que  no se aprecia que pueda quedar excluido el acuerdo que se impugna de su enjuiciamiento, a pesar de que este tuviese, como se afirma, un carácter meramente programático. Por ello, se determina por el Supremo que comparte el criterio de la sentencia recurrida y afirma el carácter vinculante de las tres medidas del acuerdo.

Por todo lo expuesto anteriormente, se establece que procede declarar no haber lugar al recurso de casación, y con la consiguiente imposición de costas a la parte recurrente, en favor de la única parte recurrida que ha formulado alegaciones, es decir, el Consejo de los Colegios de Enfermería de Castilla y León.

Finalmente y de conformidad con lo anterior, en el fallo se acuerda desestimar el recurso de casación interpuesto por el Sindicato de Técnicos de Enfermería de Castilla y León, contra la sentencia de 3 de mayo de 2016, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma Castilla y León.

Fuente institucional

 

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