Judith Nieto Galende,
Colaboradora editorial.
Twitter: @judithng9

“Confiar es difícil. Saber en quién confiar, incluso más” .

– Maria V. Snyder ,escritora de fantasía estadounidense

El principio de contradicción no sólo evita la indefensión de una de las partes en un proceso, sino que permite el enfrentamiento dialéctico entre ellas. El derecho a contradicción en un juicio es una garantía fundamental del proceso en cualquiera de sus órdenes jurisdiccionales. Por este motivo, y con el objetivo de evitar la indefensión de una de las partes, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido  que la Audiencia Provincial de Barcelona deberá repetir el juicio que se celebró contra un hombre que fue condenado en mayo de 2018 a siete años de prisión tras abusar sexualmente de la hija menor de uno de sus amigos.

 Tras estudiar detenidamente el recurso que presentado por la defensa  del acusado contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona , en el que el abogado del acusado se quejaba de la imposibilidad de haber interrogado a la menor durante la vista oral del juicio. En este documento jurídico el abogado de la defensa argumentó que no existía ningún informe psicológico que impidiese que la víctima testificara, siempre y cuando ésta lo hiciera sin mantener el contacto visual directo con el acusado.

EL SUPUESTO DE HECHO

Tal y como evidencian los hechos probados de la sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro, el acusado era “amigo íntimo y colaborado profesional” del padre de la menor, a la que conocía desde su nacimiento y con la que mantenía un trato familiar.

El 26 de julio de 2014, cuando la niña sólo tenía 13 años de edad , el acusado traicionó la confianza de su amigo aprovechando que se encontraba a solas con la niña, así como la circunstancia de que la menor estaba “medio dormida en el sofá”, para abusar sexualmente de ella. Estos actos provocaron que la víctima se despertara, pero que siguiera haciéndose la dormida aterrorizada por lo que estaba sucediendo.

¿QUÉ HABÍA DICTAMINADO PREVIAMENTE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA?

El tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona, para evitar la “victimización secundaria“, afirmó que no era necesario escuchar una vez más a la menor en el juicio, por lo que para conocer su versión en la vista oral, se recuperó la grabación de la declaración prestada durante la instrucción del caso. Además,la Audiencia indicó que para la práctica de esta prueba no era necesario  “ampararse en ningún informe psicológico previo”.

La victimización secundaria hace referencia a la mala o inadecuada atención que siguen recibiendo las mujeres víctimas de violencia de género por parte del extenso entramado de instituciones sociales  en algunas ocasiones(sistema sanitario, social, policial, judicial, educativo e informativo).

Sin embargo, ahora el  Supremo ha estimado  ha recordado al tribunal de instancia que la doctrina acerca de los derechos de los menores víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual sí que exige un informe psicológico que alerte sobre si la víctima puede sufrir algún tipo de riesgo en el caso de que preste declaración en un juicio.

En este mismo sentido el Supremo defendió que, el tribunal debería haber  dictado una “resolución motivada” que justificase la ausencia de la menor, ya que la “plena contradicción sólo es posible en el juicio oral”, pues es en la única fase del proceso penal en la que  existe  una “hipótesis acusatoria formalizada y se conoce el contenido” de todos los elementos de la investigación.

A los ojos del alto tribunal , la Audiencia Provincial erró en su razonamiento sólo tener en cuenta la minoría de edad de la niña para aceptar que no compareciera en el juicio, obviando las “condiciones concretas de su personalidad” o el grado de “madurez” en ese momento.

Como consecuencia de esto, la Audiencia Provincial de Barcelona está obligada  a la designación de otro tribunal distinto para que celebre por segunda vez el juicio contra el acusado  pero esta vez “con la presencia de la menor, a fin de que el letrado de la defensa pueda interrogarla, con el objetivo de garantizar tanto el derecho de defensa como el de debida contradicción del acusado”.

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