Mª Carmen Salguero Guzmán

Colaboradora de la Redacción Editorial

@MCarmenSalguer1

El Tribunal Supremo ha resuelto sobre los efectos que la nulidad de las cláusulas de vencimiento tienen sobre los préstamos hipotecarios. Además, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en su Sentencia  463/2019 de 11 de septiembre, establece el criterio a seguir en los casos que se están dirimiendo en estos momentos y establece la doctrina jurisprudencial acogiendo la doctrina que el TJUE ha dictado sobre la cuestión prejudicial planteada.

La Sentencia viene dada tras la respuesta del TJUE a las cuestiones prejudiciales planteadas por el TS en este recurso en su STJUE con fecha 26 de marzo de 2019 y los autos 3 de julio de 2017, que resolvían tres peticiones de decisión prejudicial sobre las cláusulas de vencimiento anticipado en contratos de préstamo hipotecario, planteadas por juzgados de primera instancia de Fuenlabrada, Santander y Alicante.

  • ¿Cuál es la Jurisprudencia del TS sobre las cláusulas de vencimiento?

El TS en el fundamento séptimo de la Sentencia,  parte del análisis de los arts. 1124 y 1129 de nuestro Código Civil que permiten, de un lado la resolución de las obligaciones en caso de incumplimiento, y de otro, la opción que tiene el acreedor de reclamar el total del crédito “antes del vencimiento del plazo pactado, cuando el deudor “pierde” el derecho a  utilizar el plazo”. También nos recuerda que estas previsiones genéricas están recogidas expresamente en el ámbito de los préstamos y créditos hipotecarios en el art. 693.2 LEC.

A continuación, el TS nos expone la doctrina del TJUE, según la cual, corresponde al juez comprobar si el incumplimiento del consumidor tiene carácter suficientemente grave con respecto a la cuantía y duración del préstamo y si el derecho nacional prevé medidas adecuadas que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esta deuda, poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado.

  • Asunción de la Doctrina del TJUE

El Tribunal Supremo asume la doctrina dictada por la STJUE de 26 de marzo de 2019 en la que se da respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal en este recurso y donde se establecen las premisas de las que se debe partir:

  1. La cláusula declarada abusiva no puede ser fragmentada con el fin de dar validez a parte de su contenido.
  2. En cuanto a la jurisprudencia de aplicación supletoria del derecho nacional, establece el TJUE que debe ser el juez nacional quien “ponga remedio a la nulidad de tal cláusula abusiva sustituyéndola por la nueva redacción de la disposición legal que inspiró dicha cláusula” siempre que el contrato de préstamo hipotecario no pueda subsistir en caso de supresión de la cláusula declarada abusiva y ello suponga consecuencias especialmente perjudiciales para el consumidor.
  3. Corresponde a los tribunales nacionales determinar si el contrato debe subsistir una vez declarada abusiva la cláusula de vencimiento anticipado.
  4. Para la decisión indicada en el apartado anterior, debe adoptarse un enfoque objetivo teniendo en cuenta los requisitos de seguridad jurídica de las actividades económicas. Sin que deba resultar criterio decisivo para la subsistencia o no del contrato la posición de una de las partes en el mismo.
  5. Sin embargo, si se entiende que el contrato puede subsistir sin la cláusula de vencimiento anticipado, sí sería relevante la opción del consumidor.

Desde el análisis del crédito hipotecario, la restricción que supone para el derecho de hipoteca la declaración de nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado y la necesidad de evitar la nulidad del contrato por las consecuencias especialmente perjudiciales a las que sometería a los consumidores, concluye el TS  que “siempre que se cumplan las condiciones mínimas establecidas en el art. 693.2 LEC (en la redacción dada por la Ley 1/2013), los tribunales deberán valorar, en el caso concreto, si el ejercicio de la facultad de vencimiento anticipado por parte del acreedor está justificado, en función de la esencialidad de la obligación incumplida, la gravedad del incumplimiento en relación con la cuantía y duración del contrato de préstamo y la posibilidad real del consumidor de evitar esta consecuencia”.

Dentro de esta interpretación,  “puede ser un elemento orientativo de primer orden comprobar si se cumplen o no los requisitos del art. 24 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo , reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI), puesto que la STJUE de 20 de septiembre de 2018, asunto C-51/2017 ( OTP Bank Nyrt ) permite que quepa la sustitución de una cláusula abusiva viciada de nulidad por una disposición imperativa de Derecho nacional aprobada con posterioridad (apartados 52 y 53 y conclusión segunda)”.

  • ¿Qué criterio se debe seguir en los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso?

Según la Sala de lo Civil del TS, para los procedimientos que estén en curso en los que aún no se haya producido la entrega de la posesión al adquiriente se deben seguir los siguientes criterios:

  1. Los casos en los que se dio por vencido el préstamo antes de la entrada en vigor de la ley 1/2013[1], por aplicación de una cláusula reputada nula, deben ser sobreseídos sin más trámite.
  2. Los procesos en los que se dio por vencido el préstamo tras la entrada en vigor de la ley 1/2013, por aplicación de una cláusula reputada nula y en los que el incumplimiento del deudor no reúna los requisitos de proporcionalidad y gravedad fijados en la jurisprudencia señalada, deberían ser sobreseídos.
  3. En el caso de que en los procesos señalados en el punto b se cumplan los requisitos de gravedad en el incumplimiento del deudor según las previsiones de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario (LCCI).
  4. Los autos de sobreseimiento no surtirán efecto de cosa juzgada respecto de una nueva demanda basada en el resto de previsiones de la LCCI, no siendo así en el vencimiento anticipado por previsión contractual.

Para el caso en cuestión, el TS rechaza el recurso del banco declarando abusiva la cláusula de vencimiento en la redacción actual que establecía el vencimiento anticipado del crédito por el impago de un único plazo.

Fuente institucional: CENDOJ

[1] Ley 1/2013 de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

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