Mª Carmen Salguero Guzmán

Colaboradora de la Redacción Editorial

@MCarmenSalguer1

Se trata de un recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado en representación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo contra la sentencia de 2 de febrero de 2018 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La cuestión consiste en determinar si la regulación que realiza el Decreto 3/2017, de 16 de febrero por el que se regulan los establecimientos de alojamiento en la modalidad de vivienda de uso turístico en la Comunidad de Castilla y León, contradice lo establecido en el art. 38 de la Constitución que garantiza la libertad de empresa, en el art. 5 de la ley 20/2019 de garantía de la unidad de mercado y en la ley 17/20019 sobre libre acceso a actividades de servicio y su ejercicio.

Tras realizar un análisis del marco jurídico aplicable y de las cuestiones planteadas por la Abogacía del Estado que representa a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, concluye la Sala que no hay lugar al recurso de casación contra la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por las siguientes razones:

1º Sobre la determinación establecida en el art. 4 del Decreto 3/2017 que condiciona su ámbito de aplicación a que el alojamiento sea de forma habitual, consideran que dicha exigencia “no resulta irrazonable”, puesto que determina que los arrendamientos ocasionales no quedan sometidos a esta regulación por no considerarse actividad turística. Se oponen a la tesis de la Abogacía del Estado que plantea este requisito como un límite de los que no están recogidos en la Directiva de Servicios 2006/123/CE al no estar justificados por razones de interés general.

2º Tampoco vulnera la normativa citada el elemento de carácter temporal en base al cual el hospedaje no puede exceder de dos meses, previsión que estima la Sala que tiene cabida en el art. 29 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre de Turismo de Castilla y León, donde se “establece que la prestación del servicio de hospedaje  debe tener carácter temporal”. Por consiguiente, no puede aceptarse el argumento de la Abogacía del Estado de que este plazo temporal supone una restricción ilegítima del ejercicio de la actividad y, por ello, no es necesaria su justificación en razones imperiosas de interés general. Si se supera dicho plazo con una misma persona, señala el Tribunal, “supondría la no aplicación de la normativa turística”.

3º La obligación establecida en el art. 6 del Decreto de la Junta de Castilla y León 3/2017 de poner una placa identificativa en la entrada de la vivienda destinada a uso turístico tampoco “resulta contraria a la libertad de empresa, ni contraviene el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, ni el artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre , de garantía de la unidad de mercado”. Comparte la Sala el argumento recogido por el Tribunal de Instancia por el que esta identificación se trata de un elemento que proporciona “seguridad al usuario de que el alojamiento turístico seleccionado cumple con la normativa vigente”.

4º En cuanto los requisitos que establece el Decreto de la Junta de Castilla y León sobre condiciones de habitabilidad, salubridad, higiene y confortabilidad de los establecimientos, se rechaza la petición de la Abogacía del Estado, al estimar que la imposición de los estándares de habitabilidad en los establecimientos se justifica “en la medida que trata de garantizar una determinada calidad del producto turístico en defensa y protección de los derechos de los consumidores”.

5º La obligación que se establece en el art. 25 del Decreto 3/2017 de facilitar atención telefónica al cliente durante las 24 horas del día no es contraria a la libertad de empresa del art. 38 de la Constitución puesto que esta obligación se limita a una asistencia telefónica “destinada a resolver las incidencias que pudieran surgir durante la estancia”, garantizando los derechos de los usuarios.

6º Por último, consideran convincente el razonamiento que se recoge en la Sentencia recurrida que mantiene que la previsión establecida para la recogida de datos sobre precios de los alojamientos de uso turístico con fines estadísticos, informativos y o publicitarios “no limita el ejercicio de la actividad comercial del operador ni obstaculiza la existencia de competencia en el mercado”, siempre que se realicen con efectos meramente estadísticos o divulgativos.

Por tanto, el Tribunal Supremo avala la regulación realizada en el Decreto 3/2017 en cuanto las cuestiones planteadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no suponen límites ilegítimos y, en cambio, sí medidas de protección para los consumidores y usuarios de estos alojamientos.

Fuente institucional: CENDOJ

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