Mª Carmen Salguero Guzmán

Colaboradora de la Redacción Editorial

@MCarmenSalguer1

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias condena al Juez Alba por un delito de prevaricación judicial en concurso medial con un delito de cohecho y de un delito de falsedad en documento público con una pena total seis años y seis meses de cárcel y 18 años de inhabilitación especial como juez al considerar que actuó de manera ilegal para perjudicar a la magistrada Victoria Rosell.

La sentencia toma como hechos probados los siguientes:

En primer lugar que Salvador Alba, mediante petición expresa por su parte, toma posesión del Juzgado de Instrucción el día 3 de noviembre de 2015 para sustituir a Victoria Rosell, titular del mismo y en situación de excedencia voluntaria porque concurría como candidata en las elecciones generales de ese mismo año.

Al hacer esta sustitución, también asumió la instrucción de las diligencias previas 644/2014 que se incoaron por presuntos delitos contra la Hacienda Pública contra el administrador de la entidad Seguridad Integral Canaria en aquél momento, Miguel Ángel Ramírez.

El mismo día en el que el Alba toma posesión de su cargo en el Juzgado, citó a declarar a Ramírez y a dos personas más, Héctor De Armas y otro encargado de la empresa. Tras la declaración, Alba mantuvo una conversación con el abogado de De Armas donde aquél le manifestó el interés que tenía por incorporar en la causa documentación que pudiera vincular a Ramírez con la pareja sentimental de la Jueza Rosell, D. Carlos Sosa, manifestándole además, el interés que tenía en mantener una entrevista personal con el investigado D. Miguel Ángel Ramírez.

Esta reunión tuvo lugar el 16 de marzo de 2015 en el despacho del magistrado en la Audiencia Provincial a la que llegó Ramírez a través del garaje y accediendo al despacho por una zona reservada y sin la presencia del abogado de éste. Durante esta reunión, Alba y Ramírez hablaron de las actuaciones de las diligencias previas 644/2014 y sobre la actuación de Victoria Rosell y el interés del magistrado de demostrar la “la quiebra de su deber de imparcialidad”, consiguiendo acreditar las relaciones comerciales entre la pareja de Rosell y alguna de las empresas o sociedades de Ramírez.

En la misma reunión Ramírez le proporciona “datos que no había podido obtener en las actuaciones”, a cambio de la declaración de nulidad de las actuaciones de las mencionadas diligencias previas, que impidiera la continuación del procedimiento y a pronunciarse sobre el fondo del asunto  “impidiendo posteriores actuaciones de la Agencia Tributaria”, lo cual sería un resultado favorable para los intereses de D. Miguel Ángel Ramírez.

De este modo, Salvador Alba, conseguía información que podía resultar lesiva para la imagen de Rosell, “así como para incrementar las posibilidades de que fuera admitida a trámite la querella interpuesta ante el Tribunal Supremo” por José Manuel Soria en la que se le atribuían comportamientos delictivos en su actuación como instructora de las diligencias previas 644/2014.

También se acordó en esta reunión, de qué forma se iba a introducir y exteriorizar esta información en el procedimiento judicial, acordando que sería en la próxima declaración que tuviera lugar ante el juez instructor.

Continúa el Tribunal afirmando como probado que “en la conversación se fijaron también los términos de la declaración, se preparó su desarrollo y el investigado se comprometió a aportar documentos relativos a estas relaciones”.

La declaración acordada tuvo lugar el día 23 de marzo de 2015 y, de nuevo, el  magistrado dio órdenes para que Ramírez pudiera acceder al edificio judicial por la zona reservada.

Sin que ninguna de las partes ni el Ministerio Fiscal tuviese conocimiento de la reunión que habían mantenido el día 16 de marzo, la parte del interrogatorio dirigida por el Juez, se centró en las relaciones comerciales o empresariales entre el Sr. Ramírez o su entorno empresarial con las empresas vinculadas al Sr. Carlos Sosa, pareja de la Sra. Rosell. Al finalizar la declaración, el investigado presentó la documentación que probaba estas relaciones económicas con Sosa.

El día 25 de marzo de 2016 el periódico “El Mundo” publicó un artículo titulado “El Presidente de Las Palmas confirma sus negocios con la pareja de la Juez Rosell y declara que le prestaba dinero mientras era investigado por la hoy diputada de Podemos”.

El día 28 de marzo de 2016, la representación procesal de José Manuel Soria presentó un escrito de ampliación de la querella que él había presentado ante el Tribunal Supremo, aportando como prueba la portada publicada 3 días antes.

El mismo día 28 de marzo, Victoria Rosell presentó un escrito solicitando una copia de la declaración que había tenido lugar el día 23 de marzo, siéndole denegada la misma el día 30 de marzo.

El día 3 de abril, el diario “La Provincia” publicó las declaraciones de Ramírez, “incorporando una transcripción íntegra de la declaración”.

El 20 de abril, el Juez Alba remite un informe “en el que deliberadamente ocultó a la Sala los hechos determinantes de la declaración prestada” por el Sr. Ramírez el día 23 de marzo y sin hacer referencia al acuerdo al que el juez instructor y el investigado habían llegado en la reunión que habían mantenido el 16 de marzo de 2016 con el objeto de incorporar datos y documentos que relacionaran a Ramírez con Sosa. Afirmando Alba en este informe que la declaración fue espontánea en el trascurso de la declaración del investigado.

Tras este informe, el 25 de abril del 2016, la Sala Segunda del Tribunal Supremo admitió a trámite la querella presentada por José Manuel Soria, en aquél momento Ministro de Industria, Energía y Turismo, contra la Juez Rosell, motivo por el que renunció a su acta de diputada. Además, a consecuencia de estos hechos, sufre un trastorno ansioso –depresivo y “por su repercusión pública se produjo un relevante perjuicio a su consideración personal, profesional y social”.

Además de la condena por los delitos mencionados al principio, Salvador Alba deberá indemnizar a Victoria Rosell con 60.000€ en concepto de responsabilidad civil.

Fuente institucional: Consejo General del Poder Judicial

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