Tamara Arza Foruria

Colaboradora Editorial

@tarzafo

 

Recurso de amparo 2925-2018, fuente institucional, resumen: Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de sexo: resolución del Instituto Nacional de Estadística que impidió la incorporación a una plaza obtenida en proceso selectivo sin valorar adecuadamente que la adjudicataria se hallaba en situación de baja por maternidad.

 

El Instituto Nacional de Estadística promovió un proceso selectivo para la cobertura de una plaza de personal laboral mediante contrato de interinidad. La persona que se encontraba en primer lugar, tras conseguir la mejor puntuación, presentó un escrito comunicando al INE su imposibilidad para incorporarse al trabajo por haber dado a luz diez días antes, además, manifiesta expresamente que no renunciará a la plaza y solicita la reserva de esta plaza hasta que pueda reincorporarse.

 

El proceso selectivo referido fue autorizado de manera excepcional debido a la inmediatez y urgencia existente en la prestación de los servicios, según el Instituto Nacional de Estadística. Confeccionándose la relación de candidatos a la plaza por la puntuación obtenida en el proceso y atendiendo a la inmediatez del servicio se pasa a contratar a la segunda persona con más puntuación en dicho proceso selectivo.

 

La mujer que se hallaba en situación de baja por maternidad presentó una denuncia por tales hechos y fue contestada después de la elaboración del informe emitido por la unidad de igualdad del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, señalando que es la interesada quien no cumple con su deber de incorporarse a la plaza solicitada desde la que podía haber pedido la baja por maternidad. La actora presentó demanda por vulneración del principio de prohibición de discriminación por razón de sexo y el juzgado de lo social dictó sentencia estimando parcialmente la pretensión declarando violado el artículo 14 de la Constitución Española por vulneración del derecho a la no discriminación por razón de sexo con reconocimiento de la relación jurídica con efectos retroactivos al momento de la selección, condenando al Instituto Nacional de Estadística al abono a las retribuciones que le correspondería a la demandante además de una indemnización de 25000 € por daños morales.

 

Recurren ambas partes la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que estima el recurso del demandado que fue absuelto, dejando sin efecto la sentencia, indicando que concurrían indicios de discriminación pero consideraba que la actuación de la empresa quedaba neutralizada y no llegaba a desplegar su gestualidad porque la demandante no toma posesión de su plaza ni formaliza el contrato, alegando que los motivos para no formalizar el contrato de la aspirante, siendo muy respetables, son propios y particulares de la misma y por lo tanto la imposibilidad alegada no determina la discriminación del derecho a la igualdad por razón de sexo.

 

La demandante recurre en amparo porque considera que la sentencia recurrida resulta contraria a la jurisprudencia constitucional y europea, al decidir que hay vulneración a ese derecho fundamental con el motivo de que fue decisión de la demandante la no incorporación al servicio, no dando inicio por ello la relación laboral, y añadiendo que concurren razones de urgencia en el servicio.

 

El abogado del Estado en su escrito de alegaciones solicita la desestimación del recurso porque a su parecer, la normativa y la jurisprudencia del Supremo y el Constitucional indican que para que sea discriminación por razón de sexo las circunstancias del caso deben estar ligadas a él. El Ministerio Fiscal, por su parte, interesa que sea concedido el amparo, porque no es la demandante a quien se puede achacar la falta de contratación por su actuación, más bien es la administración la que limita a la demandante para el ejercicio de su derecho al acceso a su puesto de trabajo, porque es el Instituto Nacional de Estadística quien está comprometido por la obligación genérica de promover la libertad e igualdad en las administraciones públicas.

 

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional declara que sí se vulneró el derecho de la demandante, que la actuación del Instituto Nacional de Estadística le discriminó por ser mujer en estado de maternidad, que ha sido perjudicada en cuanto a su derecho de acceso a la plaza que obtuvo y que le colocó en una clara desventaja por ser mujer trabajadora y madre. Por lo tanto, anula la sentencia del TSJ y condena al INE a que reconozca el derecho que negaba a la demandante y a que repare el perjuicio causado.

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