Gonzalo Alonso Moreno

Colaborador Editorial. 

@GonzaloAlonsoM4

En el año 2009, cinco cajeras de un Mercadona en Barcelona fueron despedidas por robar yogures y chóped entre otros alimentos. Las cajeras recurrieron al TEDH, el cual concluyó entendiendo que Mercadona, para probar dichos hurtos, grabó a las empleadas con cámaras ocultas, de las cuales, las trabajadoras nunca tuvieron constancia de su existencia. Esto supuso a ojos del Tribunal una violación de la privacidad de las trabajadoras, teniendo derecho a una indemnización que fijaron en 4.500 euros para cada una de las empleadas.

El TEDH argumentó en su momento, basándose en el Art.8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que Mercadona tenía que haber avisado a las trabajadoras de la utilización de dichas cámaras, dado que las mismas solo tenían constancia de la existencia de cámaras que enfocaban a la salida del establecimiento. Ante esta sentencia, que la Gran Corte emitió en enero de 2018, se planteó un recurso por la Abogacía del Estado de España.

Finalmente, el TEDH se ha pronunciado este jueves, fallando en favor del recurrente, rectificando y eximiendo a España de indemnizar a las cinco demandantes con los ya mencionados 4.500 euros, que había establecido como cuantía de la indemnización la misma sala hace un año y medio.

Los 17 magistrados han argumentado su fallo, debido a que han entendido que las cámaras se instalaron bajo pretexto razonable de que las trabajadoras podrían estar hurtando a la empresa, por lo que su instalación y posterior utilización se vería justificada.

Recordando a su vez, que el Tribunal Constitucional español, ha avalado este tipo de dispositivos cuando hay alguna sospecha fundada de este patrón. Considerando la medida proporcional, al haber sido utilizada para probar los posibles hurtos, en concordancia con la reforma de la Ley Orgánica de Protección de Datos realizada en 2018.

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