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Ainara Senra Fernández

Colaboradora de redacción

Unai González,  trabajador del centro médico Celse S.L,  se persona en el Consistorio de su ciudad para formular cuestiones acerca de sus condiciones de trabajo.

En concreto, lamenta las malas condiciones en las que debe desempeñar su labor diaria debido a la falta de material provista por el centro en el que presta servicio. Puesto que se trata de un centro médico público, el trabajador acude al ayuntamiento por ser éste titular de dicho servicio.

Tras ello, la compañía en la cual trabaja requiere al Don Unai que abandone su proceder, pues su comportamiento daña la imagen y reputación de la empresa, al tratarse de información falsa.

Un mes más tarde, el empleado recibe carta de despido disciplinario. Según la empresa, el trabajador no ha cesado en su conducta, creando un ambiente de trabajo perjudicial para sus compañeros. Además, sus responsables valoran su rendimiento de trabajo como insatisfactorio.

EL trabajador demanda a la empresa por considerar que el motivo del despido han sido  las declaraciones del trabajador, vulnerando su derecho a la libertad de expresión. La sala de primera instancia estima el recurso, declarando nulo el despido.

La empresa recurre dicha sentencia ante el TSJ, que declara nula la sentencia en primera instancia, pues considera que el despido no es nulo sino improcedente por razones formales.

Ante esto, Don Unai formula recurso de amparo ante  el Tribunal Constitucional, que argumenta lo siguiente:

En primer lugar, destaca la diferencia entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de información. El segundo exige la veracidad de los hechos que se afirman. La libertad de expresión no, pues se trata en este caso transmitir opiniones o ideas, las cuales no están sujetas a una condición de veracidad que legitimen su ejercicio.

Por ello,  la veracidad o no de las declaraciones del trabajador en el ayuntamiento no son determinantes para valorar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. En cambio, un límite a la libertad de expresión señalado por el Tribunal es la voluntad de dañar la dignidad o reputación del otro.

Tampoco concurre dicho ánimo en el caso que nos ocupa, por cuanto las declaraciones del trabajador en el ayuntamiento van dirigidas a mejorar las condiciones de trabajo.

En vista de todo ello, el Tribunal dicta sentencia declarando nulo el despido por vulneración del derecho a la libertad de expresión, un derecho consagrado como fundamental por artículo 20 de nuestra Constitución.

Fuente institucional: Tribunal Constitucional de España

 

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