Tamara Arza Foruria

Colaboradora Editorial

@tarzafo

 

Los empleados públicos no fijos pueden acceder a la promoción horizontal en su carrera profesional, porque no pueden existir diferencias de trato entre los funcionarios de carrera con respecto a los interinos y los laborales no fijos. La Administración no puede esgrimir como razón objetiva para tratar de manera diferente a los empleados fijos de aquellos que no lo son, por la naturaleza temporal de su relación de servicio, porque el carácter fijo o no del contrato entre la Administración y sus empleados no puede ser considerada una razón objetiva. La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que la carrera profesional forma parte de las condiciones de trabajo y la jurisprudencia constitucional determina que dichas condiciones que configuran a los trabajadores con una contratación de duración determinada como un colectivo de segundo orden en relación con los trabajadores indefinidos, no constituyen una razón objetiva.

 

El Tribunal Supremo establece en su STS 3482/2019 (Fuente institucional) como doctrina, que “la carrera profesional horizontal ha de ser considerada ‘condiciones de trabajo’ a efectos de valorar las diferencias de régimen jurídico aplicables a los funcionarios interinos y el personal laboral no fijo”, marcando cuál debe ser la óptica por la que se interprete la Directiva 1999/70 (Fuente institucional), del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada y la normativa nacional correspondiente, artículo 10.5 de la Ley 7/2007, del 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en adelante EBEP, que coincide con el mismo artículo del Real Decreto Legislativo 5/2015, en relación con los artículos 16 y siguientes del EBEP, sobre la consideración de la carrera profesional como parte de las condiciones de trabajo.

 

Los argumentos esgrimidos por el Tribunal están fundamentados en tres sentencias anteriores del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Constitucional. En primer lugar, menciona la sentencia del Tribunal Constitucional 203/2000, de 24 de julio (fuente institucional), que acreditó el derecho a desarrollar la carrera profesional de los trabajadores de la Administración con una relación temporal de servicios superior a cinco años. La segunda resolución que motiva el fundamento del Supremo, es la de la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 8 de septiembre de 2011 (asunto C-177/2010) (fuente institucional), que exige que las diferencias de trato entre los funcionarios fijos y no fijos que estén basadas en la duración de la relación de trabajo de cada uno de ellos, deben ser excluidos salvo que existan razones objetivas para ello. Por último, atiende a la sentencia del Tribunal Constitucional 104/2004 (fuente institucional), que teniendo en cuenta la Directiva Europea mencionada, dictó que las diferencias de trato debían estar justificadas por razones objetivas, determinando que, de manera general o específica, el tratamiento en los ámbitos concretos de las condiciones de trabajo, no pueden hacer de los trabajadores temporales un colectivo de segundo orden en relación con los indefinidos.

 

En conclusión, para la aplicación del régimen de los empleados públicos en lo que se refiere a su carrera profesional y a su derecho de promoción horizontal, la diferencia de trato por razón de la duración de su relación laboral con la Administración, supone una discriminación del personal no fijo.

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