Judith Nieto Galende,
Colaboradora editorial.
Twitter: @judithng9

La responsabilidad es una cuestión abstracta pero determinable.

La determinación de la responsabilidad y la rendición de cuentas, sustenta la credibilidad de los ciudadanos en el sistema. Este principio, acerca a los ciudadanos al funcionamiento del sistema. El principio de responsabilidad o como acuña el derecho anglosajón ” accountability” en relación a  los poderes públicos ocupa una posición privilegiada en nuestra Constitución apareciendo junto a otros principios de máximo rango, como los de legalidad o seguridad jurídica, dentro del Título Preliminar.

En todo Estado de Derecho,  la rendición de cuentas o ” accountability” aquella regla que se significa en que ninguna actuación pública puede desentenderse de las consecuencias por ella generadas, debería ocupar un papel estelar en todas las democracias. Sin embargo, esto no es así. Pese a las constantes críticas y modificaciones  que ha sufrido el instituto jurídico de la responsabilidad de las Administraciones Públicas, siguen existiendo notables deficiencias dentro del sistema público español que le alejan del sistema imperante en Reino Unido en el que el principio de ” accountability” o rendición de cuentas del gobierno ocupa una posición fundamental.

En España el sistema judicial peca de ser lento e ineficiente. Asimismo, las vías para exigir responsabilidad o controlar la actividad del gobierno suelen ser escasas y en extrañas ocasiones salen a la luz.

En el sistema anglosajón, la situación es totalmente distinta,y la rendición de cuentas puede adoptar diversas maneras :

  • Supervisión: la relación implica en este caso que se debe supervisar la actividad realizada por los actores públicos a través de líneas de informes directos de desempeño.
  • Regulación: Para poder supervisar las actividades desarrolladas se suelen tomar como criterios de referencia aquellos que establece la legislación correspondiente.
  • Inspección: esta parte está inherentemente relacionada con la capacidad de evaluación de  las responsabilidades. En este punto, adquieren una especial relevancia las famosas “inquiries” o ” investigaciones públicas “, como la de la famosa torre Grenfell. Esta famosa torre se incendió el 14 de junio de 2017 y era un edificio de viviendas sociales de 120 apartamentos distribuidos en 24 plantas, cuya investigación aún continúa. Este tipo de métodos, no sólo sirven para fijar responsabilidades desde el punto de vista penal o civil, sino también contribuyen a la elaboración de recomendaciones con el objetivo de aprender en un futuro  y para que no se cometan los mismos  errores.
  • Escrutinio :sin duda en el escrutinio es dónde está la clave del sistema de Reino Unido, y  que está adquiriendo un papel en un conflicto tan importante como está siendo el Brexit cuyas consecuencias siguen siendo inciertas. En el sistema anglosajón antes de aprobarse las piezas legislativas , éstas deben ser escudriñadas por el Parlamento Británico.

 ¿Qué ocurre con la responsabilidad de los funcionarios públicos de la administración en España? ¿Qué rendición de cuentas puede exigirse a jueces, letrados de la administración de justicia o fiscales?

En España la responsabilidad personal de los funcionarios y del Gobierno frente a aquellas actuaciones dañosas creadas en el ejercicio de sus funciones, sí está regulada  en los respectivos estatutos profesionales, sin embargo, el control que existe respecto a las decisiones del Gobierno es materialmente escaso  y prácticamente inexistente.

EL DECRETO LEY UN ARMA DE DOBLE FILO

Por otra parte la existencia de los instrumentos denominados como  “real decreto-ley”  que aparecen  configurados en el artículo 86 de la Constitución Española para que el Gobierno atienda a situaciones de extraordinaria y urgente necesidad por medio de la ley, sitúa a la soberanía popular en una posición de vulnerabilidad.

En efecto, la Constitución dota al Ejecutivo de un arma de rango legal para actuar, pero no desconoce que legislar es propio del otro poder, el legislador, es decir, las Cortes Generales. Por eso, la Carta Magna, teniendo en cuenta la separación de poderes como una característica propia de la democracia, limita el uso del real decreto-ley. Los límites consisten en:

(i) exigir la concurrencia del presupuesto habilitante –la extraordinaria y urgente necesidad

(ii) la exclusión de materias que no pueden ser reguladas por medio de este texto legal: no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas, ni al Derecho electoral general.

En el caso del Decreto Ley, que ya ha sido utilizado de forma reiterada y abusiva por diversos gobiernos de distintos colores,como un arma para negociar con el poder legislativo e implantar su impronta política, el último que al Gobierno en última instancia es el Tribunal Constitucional. Este Tribunal, es, al fin, el garante último de control pero ¿es su intervención es suficiente y proporcionada para mantener el equilibrio en esta tensión entre los poderes del Estado? La respuesta a esta pregunta es no, si tenemos en cuenta las numerosas convalidaciones del Gobierno y el juego político que se les está dando a este tipo de instrumentos.

Como hemos dicho, en definitiva en los últimos años, la actividad inspectora principalmente por parte del Consejo General del Poder Judicial  ha intensificado el nivel de exigencia predicable a los órganos jurisdiccionales y a aquellos que forman parte de los mismos. No obstante, esas actuaciones, si bien absolutamente necesarias, son insuficientes para garantizar esa auténtica rendición de cuentas, pública y tangible.

Pero aunque la justicia en España suele ser lenta , en algunos casos acaba llegando. Este ha sido precisamente el caso de Cataluña y los dirigentes catalanes que participaron en el movimiento independentista. Este es uno de los únicos caso de rendición de cuentas y responsabilidades públicas por delitos que se habían cometido en el ejercicio de su cargo, que sí que está teniendo una importancia vital a efectos de la creación de jurisprudencia en España y que parece mostrar serios y tajantes resultados por parte del Tribunal Supremo.

 

 

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