Colaboradora Editorial, 

Esmeralda Vilchez Domínguez. 

@esmeraldavildo

La reciente resolución del Ministerio de Justicia ha estimado rechazar la indemnización procedente de un considerable error judicial sufrido por una familia hindú que reside en Tarragona. Dicha indemnización deriva de los perjuicios ocasionados al condenar al padre de la familia por un delito contra la seguridad vial del que el sujeto en cuestión no tenía conocimiento. Por ello, la familia solicitaba al Estado un total de 167.000€.

El desconocimiento de Balwant Singh, de 59 años, se debía a que su identidad fue suplantada por otro individuo al cual no se le habían tomado huellas dactilares. A pesar de ello, Balwant fue condenado y sufrió las consecuencias judiciales.

Durante el procedimiento, Balwant intentó demostrar su inocencia, pero los Tribunales sostuvieron que pudo haber cuestionado el error de identificación, haciendo caso omiso a que el sujeto en cuestión se enteró de su suplantación de identidad un año más tarde. Posteriormente, durante un control rutinario de tráfico, una persona dio positivo en una prueba de alcoholemia y al facilitar sus datos dio la identidad de Balwant. Asumiendo las consecuencias judiciales a pesar de que él no era el que las iba a soportar. Un Año después, el ladrón de la identidad de Balwant fue detenido por la policía y, ambos compartían el mismo apellido (Signh), pero no el nombre.

Las consecuencias de la suplantación de identidad y las sentencias judiciales fueron fatales para la familia, debido a que cuando Balwant acudió a la Subdelegación del Gobierno para renovar su tarjeta residencia y trabajo, se encontró con la negativa de ambas y con una orden de expulsión del territorio español. El motivo de dicha orden radicaba en una condena emitida por el Juzgado de Amposta por conducir bajo los efectos del alcohol. Balwant explicó que a él nunca le habían parado en un control y que él nunca había pisado el juzgado, gracias a ello y a su abogado, consiguieron detener la orden de expulsión, pero perdió su trabajo.

Tras una larga batalla judicial, en el año 2016 el Tribunal Supremo emitió una resolución en la que estableció que efectivamente el condenado por conducir ebrio era otra persona que se apellidaba igual y, que Balwant había sido víctima de una suplantación de identidad. Es entonces cuando el Gobierno le concedió nuevamente el permiso para trabajar.

Finalmente, tras todo el sufrimiento soportado por la familia, Balwant decidió interponer una demanda en concepto de responsabilidad patrimonial ante el Ministerio de Justicia. Pero éste lo rechazo alegando que Balwant “aceptó la condena sin poner en duda durante la vista la identidad del condenado”. La abogada de Balwant señala que: “resulta inadmisible que el ministerio y el Consejo de Estado culpen a mi cliente de conducta dolosa por no decir que él no era la persona juzgada. Para decir eso tenía que estar en el juicio y, si él no supo nada del mismo, qué va a decir entonces. Esta resolución carece de sentido, ya he interpuesto un recurso de reposición. Y si es desestimado iré a los tribunales”.

Esperaremos nuevas noticias para analizar las decisiones del Ministerio de Justicia en torno a este conflicto.

Fuente Institucional.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here