Elena Navarro Barragán, 

Colaboradora editorial. 

@elenanav78

Los hechos sucedieron tras una agresión que se produjo cuando el menor, que contaba con 17 años en ese momento, chocó fortuitamente contra la víctima de 21 años en la calle al pasar a su lado, a quien conocía de vista. El agresor se giró y le espetó “qué haces”, a lo que el otro contestó “la calle es de todos”. Tras esto empezó un forcejeo, en el que el agresor condenado propinó un puñetazo la víctima que le hizo caer al suelo y perder la consciencia. A consecuencia de la agresión, el joven sufrió múltiples fracturas de mandíbula y nariz, lo que le dejó una desviación del tabique nasal de por vida y varios meses de recuperación.

Valorados los daños, el juez condena al menor por un delito menos grave de lesiones recogido en el artículo 147.1 del Código Penal. Considera probado que su reacción al choque fortuito en la calle fue del todo desproporcionada, los hechos encajan con el tipo y rechaza aceptar que una frase como “la calle es de todos” sea una provocación por la que quepa apreciar una legítima defensa.

Es por ello que la pena, al tratarse de un menor, el juez se acoge a Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM), que recoge el régimen penal aplicable para los menores de 18 pero mayores de 14. Estos menores sí responden penalmente de sus actos, aunque con la aplicación de medidas correctoras, menos gravosas, enfocadas a la reinserción y reeducación del menor y siempre teniendo en cuenta su máximo interés. Así, el juez impone una pena de 9 meses de libertad vigilada, además de la responsabilidad civil a resarcir. De aplicarse el Código Penal al ser un adulto el agresor, la condena hubiese oscilado de tres meses a tres años de prisión o multa de seis a doce meses.

Además el tribunal aclaró que “de conformidad con el art. 116 del C.P. toda persona responsable de una infracción penal lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios, debiendo complementarse dicho precepto con el art. 61.3 de la L.O. 5/2000, a cuyo tenor “cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de 18 años, responderá solidariamente con él de los daños y perjuicios causados, sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden “.

La acusación particular interesa que el menor indemnice, de forma solidaria con sus progenitores, a la víctima en la cantidad total de 16.695,79 €, desglosados en 6.355,20 € por los 120 días que precisaron las lesiones para sanar y en 10.340,59 € por las secuelas por perjuicio estético.

Fuente institucional: Diario La Ley

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