El rey Felipe VI acompañado por miembros del  Consejo General del Poder Judicial.

Judit Nieto, 

Colaboradora editorial. 

@judithng9 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) alerta en su informe sobre el proyecto de nuevo Reglamento para la Carrera Fiscal (que aspira a sustituir una normativa preconstitucional del año 1969)que el texto propuesto por el Ministerio de Justicia desoye la doctrina del Tribunal Constitucional (TC), al aludir al papel que tendrían unos futuros consejos de justicia de las comunidades autónomas en asuntos como el nombramiento de los fiscales superiores en cada territorio.

El proyecto del departamento de la ministra Dolores Delgado para dotar de un nuevo Reglamento a la Carrera Fiscal ha recibido ya los preceptivos informes tanto del CGPJ como del Consejo Fiscal.

El  informe sobre el Proyecto de Real Decreto sobre el Reglamento del Ministerio Fiscal fue aprobado el pasado 27 de junio por el Pleno del CGPJ, con una valoración general bastante positiva. Sin embargo, en España a día de hoy, no funcionan ninguno de estos consejos de justicia autonómicos, aunque su existencia y funciones estén previstas en ciertos  estatutos territoriales como el de Andalucía o el de Cataluña. Por este motivo, esta medida ha hecho saltar “las alarmas judiciales”, pues,  desea poner en marcha algo que nunca se había utilizado.

La sentencia sobre el Estatut catalán que dictó el TC en 2010 revocando la mayoría de sus atribuciones por invadir competencias estatales, y es la doctrina que  presuntamente se está obviando en el proyecto del Ministerio de Justicia a la hora de proponer su nuevo Reglamento para los fiscales.

EL MINISTERIO FISCAL Y SUS FUNCIONES

El Ministerio Fiscal es “un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial”. Como se afirma , en el artículo 124 CE este órgano tiene la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como la de velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social.

Esta misión constitucional la ejerce el Ministerio Público por medio de sus órganos propios respetando los principios de legalidad, imparcialidad, dependencia jerárquica y, en particular, el principio de unidad de actuación, que constituye una garantía del principio de
seguridad jurídica.

En el marco del presente informe los vocales informan que debe subrayarse la importante función que tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuyen al Ministerio Fiscal como “defensor iudex”, es decir, como defensor de la independencia judicial (tal y como se recoge en el art 14.2 LOPJ).

En particular, el legislador orgánico contempla la intervención del Ministerio Fiscal en los siguientes ámbitos:

  1. Expedientes de pérdida de la condición de Juez o Magistrado (art. 379.2
    LOPJ)
  2. Expedientes de suspensión (art. 384.1 LOPJ)
  3. Jubilación por incapacidad permanente (art. 387 LOPJ)
  4. Procedimientos de separación, traslado y rehabilitación (art. 388 LOPJ)
  5. En los expedientes de cese de quienes ejercen temporalmente funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la Carrera Judicial (art. 433 LOPJ).
  6. Asimismo, se prevé la intervención del Ministerio Fiscal en relación con la responsabilidad penal de los Jueces y Magistrados por delitos cometidos en el ejercicio de las funciones de su cargo (arts. 405 a 410 LOPJ).

 

EL INFORME DEL CONSEJO

Así, el informe que firman los vocales Rafael Mozo y Juan Manuel Fernández comienza señalando que en el artículo 124.3 CE se recoge una reserva legal de carácter absoluto relativa a  “la ley que regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal”. En este mismo sentido, se indica que el desarrollo reglamentario en el ámbito constitucionalmente reservado a la ley del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal se permitirá siempre que la intervención del reglamento resulte justificada como complemento indispensable de la ley, necesaria por motivos técnicos o para optimizar el cumplimiento de lo legalmente previsto.

El artículo más llamativo del nuevo Reglamento, es el art 55.2 del Proyecto presentado por el Ministerio de Justicia  en el que se menciona que el fiscal general del estado deberá oir “necesariamente” al Consejo de Justicia de la Comunidad Autónoma cuando los Estatutos de Autonomía prevean su existencia, y siempre “con carácter previo” a la propuesta de nombramiento que realice.

En relación a este asunto, el  Consejo del Poder Judicial admite que esta referencia al trámite de audiencia del Consejo de Justicia de la Comunidad autonómica se reconoce en el propio Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF ,norma de la que deriva el Reglamento que ahora se pretende aprobar) si bien no debería desconocerse la doctrina de la sentencia del TC sobre el Estatut sobre la invalidez de la previsión estatutaria de estos órganos autonómicos. “Por ello, debería modularse la reproducción por el poder reglamentario de una previsón del EOMF, incorporada en 2007, que tiene por base una realidad normativa que ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en 2010”, añaden los vocales.Por eso, la redacción de este artículo en el Reglamento “no debería desconocer la doctrina constitucional en esta materia”.

Este Reglamento goza de una gran relevancia jurídica porque regulará tanto el funcionamiento como estructura del colectivo de fiscales españoles sustituyendo a una norma que se aprobó en febrero de 1969, en plena dictadura franquista.

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