Mª Carmen Salguero Guzmán

Colaborador de la Redacción Editorial

@MCarmenSalguer1

El pasado 9 de septiembre durante la apertura del Año Judicial, la Fiscal General del Estado, María José Segarra, presentó los datos de la Memoria de la Fiscalía del año 2018. En esta Memoria aparece recogida la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

Dicha propuesta pretende evitar la disparidad en la protección a los denunciantes que se ofrece en cada Estado miembro, poniendo  “en peligro la aplicación del Derecho de la UE” según afirma la propia Directiva en su exposición de Motivos.

Destacan como novedades más importantes la creación de un procedimiento interno en las entidades jurídicas tanto del sector público como del privado que cuenten con  50 o más empleados, aquellas que tengan un volumen de negocio superior a 10 millones de Euros o en aquellas entidades privadas que operen en el ámbito del os servicios financieros o sean vulnerables al blanqueo de capitales.

Las entidades anteriormente mencionadas, deberán introducir cauces internos y procedimientos de notificación y tramitación de denuncias, permitiendo la denuncia por parte de los empleados de la entidad  garantizando la confidencialidad de la identidad del denunciante.

La Directiva, además, prohíbe las represalias contra los informantes ordenando a los Estados miembros tomar las medidas necesarias para ello, evitando especialmente las sanciones como suspensión o despido, entre otras.

Para finalizar, la Directiva establece el plazo en el que los Estados miembros deberán tomar todas las medidas necesarias para su aplicación, siendo la fecha máxima el 15 de mayo de 2021.

Fuente Institucional: Fiscalía General

Fuente Institucional: EUR-Lex

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