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El recurso de Apelación se fundamenta en un error en la valoración de la prueba cometido por el Juez a quo. La parte apelante considera que de las pruebas practicadas se deduce la concurrencia de la atenuante de drogradicción, aunque no haya sido reconocido por el Forense, el acusado reconoce y manifiesta que es drogadicto, y que lo era cuando ocurrieron los hechos.

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Robo con fuerza en el interior de un vehículo. Sentencia pena de prisión de 6 meses. Apelación y suspensión de ejecución de condena desestimadas.

  • Materia: Derecho Penal
  • Especialidad: / Derecho Penal / Delitos / Contra el patrimonio / Robo
  • Número: 10493
  • Tipo de caso: Caso Judicial
  • Voces: El recurso de apelación, La responsabilidad civil: daño – nexo causal, ATENUANTE, AUTO DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO, CENTRO PENITENCIARIO, CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL, Daños objeto de valoración. Estructura del sistema, De la responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas y de las costas procesales, De la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad contemplada en la LO 1/2015 de 30 de marzo que reforma e, De la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad contemplada en la LO 1/2015 de 30 de marzo que reforma el vigente Código Penal., De las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad y de la libertad condicional, Declaración de la víctima. Dispensa de la obligación de declarar. Criterios para su valoración judicial, DERECHO DE SUFRAGIO, Detención y prisión provisional, DILACIONES INDEBIDAS, DILIGENCIAS POLICIALES, Diligencias y prevenciones judiciales. Las diligencias previas, DROGADICCIÓN, Ejecución de sentencias, EJECUCION PENAL, El auto de apertura del juicio oral, El derecho de sufragio, El recurso de apelación, El robo con fuerza en las cosas, EXIMENTE INCOMPLETA, INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS, Interrogatorio de las partes, Interrogatorio de las partes: concepto. Sujetos del interrogatorio. Práctica del interrogatorio. Valoración del interrogatori, INTERROGATORIO DEL ACUSADO, La apelación en el proceso ordinario y en el procedimiento abreviado, La apertura del juicio oral. Los escritos de defensa, La detención. Los derechos del detenido, La fase de juicio oral, La libertad provisional y otras medidas cautelares personales, Las diligencias de ordenación y su revisión, Las diligencias preliminares, LIBERTAD PROVISIONAL, LIQUIDACIÓN DE CONDENA, NOTIFICACIONES Y CITACIONES, PENA DE PRISIÓN, PENADOS, PROCEDIMIENTO ABREVIADO, Procedimiento abreviado, Prueba pericial: concepto. Práctica de la prueba pericial. Abstención, recusación y tachas de los peritos. Valoración de la p, PRUEBA TESTIFICAL, Prueba testifical: concepto. Sujetos. Práctica de la prueba. Valoración de la prueba testifical., RECURSO DE APELACIÓN, Régimen de recursos, con especial consideración de la apelación contra ciertas sentencias, RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE DELITO, Responsabilidad Civil derivada de hecho penal tras reforma del Código Penal 2015, ROBO CON FUERZA, Sentencia de apelación, SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD
  • FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 21-02-2017

Documentos originales presentados en el juzgado

Redacción editorial, 

Andrea Rubio Cuevas. 

El caso

Supuesto de hecho.

Madrid, 01-06-2014

Morgan fué sorprendido por agentes de policía de madrugada cuando se encontraba cerca de un vehículo en actitud sospechosa, y antes de ser interceptado, lanzó un objeto al suelo. Ese objeto resultó ser un radiocassete robado de un vehículo cercano, al que se le había forzado el bombín de la cerradura. Ante ese escenario, Morgan fue detenido y conducido a Comisaría, donde además le fue intervenido un destornillador y una pequeña linterna.

Morgan iba indocumentado en el momento de la detención, por lo que se le identificó mediante las huellas dactilares, se le informó de sus derechos en su declaración ante el instructor y letrado de oficio, pero no quiso prestar declaración, manifestó que deseaba efectuarla ante autoridad judicial.

Ante los indicios de infracción penal, se remitió denuncia al Juzgado de Instrucción Penal, el cual inició diligencias previas dando cuenta al Ministerio Fiscal. El juzgado, tras tomar declaración a Morgan en la que éste negó todos los hechos, consideró que existían motivos para considerarle penalmente responsable de un delito de robo con fuerza en las cosas, y le concedió la libertad condicional hasta que fuera requerida su presencia ante el Juzgado.

El Ministerio Fiscal solicitó 2 años de prisión por delito de robo con fuerza, inhabilitación para el ejercicio de sufragio pasivo e indemnización por responsabilidad civil a la dueña del vehículo, siendo competente para conocer de este asunto el Juzgado de lo Penal.

Se mandó oficio a la Policia Local de Alcalá de Henares, lugar donde supuestamente tenía su domicilio el acusado, pero la gestión resultó infructuosa, por lo que, al incumplir el requisito de comparecencia ante el órgano judicial, se decretó su detención y presentación ante el Juzgado.

4 días más tarde, el acusado fue nuevamente detenido por un hecho similar al producido en la primera detención, habiendo forzado en esta ocasión 2 vehículos, en los que extrajo 2 radiocassetes y diversos objetos de su interior, y esta situación permitió además que Morgan fuese debidamente notificado de la apertura del juicio oral en su contra por el primer delito. Ante esta notificación, la defensa de Morgan presentó en plazo sus conclusiones provisionales en las que se mostró disconforme con los todos los hechos, pidiendo su absolución.

Se llevó a cabo el Juicio Oral 2 años más tarde, el 11 de octubre de 2016, dictando Sentencia el Juzgado el 13 de octubre, y en el se determinaron varias cuestiones:

– Se acusó a Morgan por tentativa de robo con fuerza, no por delito consumado, por lo que el MF modificó su calificación inicial del grado de ejecución.

– Se estimaron dilaciones indebidas en el proceso por causas ajenas al imputado, por lo que se consideró atenuante.

– El acusado confesó los hechos y sus motivos ante el Juez.

El Juzgado de lo Penal lo consideró responsable de delito de robo con fuerza en grado de tentativa, con la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, condenándole a pena de 6 meses de prisión con accesoria de inhabilitación para ejercicio de sufragio pasivo durante la condena y al pago de 80€ en concepto de responsabilidad civil además de las costas procesales derivadas del procedimiento.

Morgan presentó recurso de apelación porque no se había tenido en cuenta su drogadicción como atenuante de la pena, pero fué desestimada por la Audiencia Provincial, al no quedar acreditada, por lo que al adquirir firmeza la Sentencia, el  Juzgado Penal de Ejecutorias inició los trámites de Ejecución, solicitando la defensa la suspensión de la misma, cuestión que resultó infructuosa.

Finalmente a finales de 2017 (3 años después de la comisión del delito), al estar ya cumpliendo condena en prisión por otros delitos de robo con fuerza, se le practica liquidación de condena, y se añaden los 6 meses de prisión correspondientes a este proceso, a cumplir desde abril de 2023 hasta septiembre de 2023.

Objetivo. Cuestión planteada.

El objetivo del cliente es conseguir la absolución del delito por el que se le acusa, pero una vez demostrado en juicio oral su culpabilidad como autor de robo con fuerza en las cosas, intenta disminuir sus efectos penales, mediante la confesión, la atenuación de la pena por dilaciones indebidas, la consideración de grado de tentativa del delito o la eximente incompleta de drogadicción, y finalmente mediante la suspensión de la ejecución de condena.

Excepto la atenuante de dilaciones indebidas en el proceso y la disminución del grado de ejecución, el cliente no consigue la valoración positiva del Juez de ninguna de las demás consideraciones expuestas en las diferentes fases del procedimiento, por lo que finalmente es condenado en 2017 a 6 meses de prisión, a cumplir en el año 2023 (de lo cual se deduce que le quedaban por cumplir 6 años de prisión por anteriores delitos en el momento de la condena).

La estrategia. Solución propuesta.

La estrategia inicial del abogado es lograr la absolución de su cliente negando la comisión del delito.

Una vez celebrado el Juicio Oral, la estrategia seguida por el abogado fue alegar dilaciones indebidas en la tramitación del procedimiento , ya que transcurrieron 2 años desde la notificación de apertura de juicio oral hasta que fue llevado a término, y también solicitar en el juicio oral la consideración del grado de tentativa en la ejecución (el objeto robado fue lanzado al suelo antes de su detención).

Después de dictada sentencia en primera instancia, el abogado intentó alegar mediante recurso de apelación que el acusado es drogodependiente y en el momento de la comisión del delito se encontraba bajo los efectos de las drogas, llevándole dicho estado a actuar de la manera descrita, con el objetivo de lograr la anulación de la sentencia anterior y que se dicte una nueva sentencia teniendo en cuenta esta atenuante.

Una vez desestimada, el abogado centra sus esfuerzos en lograr una suspensión de la ejecución de condena ya que su cliente reúne los requisitos para ello, pero el Juez la deniega al encontrarse el penado cumpliendo pena de prisión por anteriores delitos.


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El procedimiento judicial

  • Orden Jurisdiccional: Penal
  • Juzgado de inicio del procedimiento: Juzgado de lo Penal
  • Tipo de procedimiento: Procedimiento abreviado por delito de robo con fuerza en las cosas
  • Fecha de inicio del procedimiento: 01-06-2014

Partes

Parte acusatoria particular:

No existe acusación particular en este proceso

Parte acusada:

Morgan

El Ministerio Fiscal:

Ejercita la acción pública acusatoria de oficio, al estimar que los hechos constituyen delito.

Peticiones realizadas

El Ministerio Fiscal:

  • Solicitud de apertura de Juicio Oral en procedimiento abreviado (783.1 LECrim).
  • Se dicte sentencia por la que se condene al imputado como autor (artículo 28 CP) de un delito de robo con fuerza en las cosas (artículos 237 – 238.2º – 240 CP).
  • Petición de pena de prisión de 2 años, con accesoria de inhabilitación de ejercicio de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, sin circunstancias modificativas de responsabilidad penal.
  • Pago de responsabilidad civil mediante indemnización a propietaria del vehículo por los daños ocasionados en el mismo durante la comisión del delito.
  • Entrega definitiva del radiocassete que fue objeto de robo a la propietaria del vehículo.
  • Práctica de pruebas:

– Interrogatorio del acusado

– Testifical de la propietaria del vehículo y de los agentes de Policía que detuvieron al acusado.

– Documental (Atestado policial, declaracion de acusado y propietaria, informe de perito sobre daños en el vehículo, información registral sobre bienes y derechos del acusado).

Morgan (Acusado)

  • Que se le absuelva del delito por el que se le acusa, por no haberlo cometido.
  • Que no se tenga en cuenta el informe de valoración de daños en vehículo por carecer de rigor, ni sobre el valor venal del vehículo puesto que al no sufrir más daños carece de relevancia.
  • Atenuante por dilaciones indebidas en la tramitación del procedimiento, por el transcurso de 2 años sin que el órgano judicial de inicio al Juicio Oral.
  • Consideración de comisión del delito en grado de tentativa, puesto que al lanzar el objeto robado antes de ser detenido, se debe considerar que ha desistido del mismo.
  • Eximente incompleta por drogodependencia, aunque en su momento se niega a ser sometido a reconocimiento médico ni  puede acreditar mediante pruebas su rehabilitación.
  • Establecimiento de pena en su mitad inferior, considerando para ello la confesión de los hechos ante el Juez.
  • Suspensión de ejecución de condena por cumplir con los requisitos exigidos para ello, además del fraccionamiento del pago de la responsabilidad civil.

Argumentos

El Ministerio Fiscal, en su solicitud de apertura de juicio oral:

 PRIMERO, que de madrugada el acusado forzó la cerradura de un vehículo estacionado y cerrado, logró hacerse con un radiocassete (más tarde recuperado y entregado en depósito a la propietaria) y después fue detenido por la Policía Nacional.

 SEGUNDO, los hechos constituyen delito de robo con fuerza en las cosas previsto en los artículos 237, 238.2º y 240 CP.

 TERCERO, el acusado responde a título de autor del artículo 28 CP.

 CUARTO, no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.

 QUINTO, procede imponer la pena de 2 años de prisión y accesoria de inhabilitación para ejercicio de sufragio pasivo por el tiempo que dure la condena.

 RESPONSABILIDAD CIVIL, el acusado debe indemnizar a la propietaria del vehículo en la cantidad que se acrediten los daños producidos en el mismo en la ejecución del robo, mas los intereses legales que procedan según artículo 576 LEC, y debe hacerse entrega definitiva del radiocassete recuperado a su propietaria.

Morgan (Acusado)

  • PRIMERO, disconforme con los hechos relatados por la acusación, Morgan no interviene en ellos.
  • SEGUNDO, disconforme con la correlativa de acusación, ya que los hechos en los ha participado Morgan no constituyen delito.
  • TERCERO, disconforme con la correlativa de acusación, ya que Morgan no es responsable de ningún delito.
  • CUARTO, disconforme con la correlativa de acusación, al no existir responsabilidad criminal imputable a Morgan, no cabe hablar de circunstancias modificativas.
  • QUINTO, disconforme con la correlativa de acusación, ya que procede la libre absolución de Morgan, debiendo de ser las costas de juicio declaradas de oficio.
  • RESPONSABILIDAD CIVIL, no es posible contra Morgan, al no ser responsable de delito alguno.

Normas y artículos relacionados

Documental aportada

La documentación que obra en las diligencias de instrucción, consiste en:

  • Atestado policial.
  • Hoja histórica penal del acusado.
  • Escrito de derechos del acusado.
  • Informe del Médico Forense de lesiones.
  • Declaración de detenido en Comisaría.
  • Declaración de propietaria del vehículo en Comisaría.
  • Auto de incoación de diligencias previas en procedimiento abreviado
  • Declaración del detenido ante Juzgado de Instrucción.
  • Auto de libertad provisional
  • Auto de preparación de juicio oral.
  • Escrito de Fiscal para apertura de juicio oral.
  • Auto de apertura de juicio oral.
  • Oficio de averiguación de domicilio a la Comisaría de Policía Local de Alcalá de Henares.
  • Atestado policial de 2ª detención de acusado.
  • Declaración de acusado en Comisaría por la 2ª detención del acusado.
  • Escrito de defensa en contestación al escrito del Fiscal para apertura de juicio oral.
  • Sentencia en primera instancia del Juzgado de lo Penal
  • Recurso de apelación del acusado contra sentencia en primera instancia.
  • Sentencia del recurso de apelación de la Audiencia Provincial.
  • Auto de ejecución de condena del Juzgado de lo Penal.
  • Escrito de la defensa para petición de suspensión de condena.
  • Auto que decide sobre suspensión de ejecución de condena.
  • Auto de liquidación de condena de prisión.
  • Diligencia de ordenación que remite testimonio del recurso a la Audiencia Provincial.

Prueba

El Ministerio Fiscal, en su escrito para apertura del juicio oral solicitó las siguientes pruebas:

  • Interrogatorio del acusado.
  • Testifical de la propietaria del vehículo
  • Testifical, de oficio, de los funcionarios de la Policía Nacional que detuvieron al acusado.
  • Documental (Informe de valoración de daños del vehículo, valor venal del mismo).

La defensa, en su escrito de contestación para apertura del juicio oral solicitó las siguientes pruebas:

  • Interrogatorio del acusado.
  • Tasador Pericial
  • Declaración judicial de propietaria del vehículo.
  • Documental (excepto los informes de valoración de daños y valor venal del vehículo, que los impugna).
  • Declaración juidicial de los funcionarios de la Policía Nacional que detuvieron al acusado.

Resolución Judicial

Fecha de la resolución judicial: 13-10-2016

Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:

El Juzgado de lo Penal dictó Sentencia, en la que se condena al acusado:

– Como autor, responsable penal de delito de robo con fuerza en las cosas, en grado de tentativa.

– Con la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas en el procedimiento, no imputables al acusado.

– Le impone pena de prisión de 6 meses, con pena accesoria de inhabilitación de ejercicio de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

– Le impone el pago de 80€ en concepto de responsabilidad civil que indemnice a la propietaria del vehículo por los daños sufridos durante la ejecución del delito.

– Le impone el pago de las costas procesales generadas por el proceso.

Fundamentos jurídicos de la resolución judicial:

La Sentencia estima como fundamentos de derecho los siguientes:

1- Los hechos probados (el acusado forzó la cerradura del vehículo con intención de obtener un beneficio ilícito patrimonial, extrayendo el radiocassete que más tarde recuperó la Policía, y causando desperfectos en el vehículo) son el resultado de la valoración de las pruebas en el Juicio Oral.

2- El Ministerio Fiscal califica al acusado como autor de delito de robo con fuerza en grado de tentativa, los hechos quedan acreditados.

3- El acusado es autor del delito por ejecución directa del hecho punible.

4- Se establece el grado de tentativa, no procede la atenuante de drogadicción (ya que no queda acreditada), pero sí que procede la atenuante de dilaciones indebidas, ya que el proceso se ha paralizado durante 2 años por causas no atribuibles al acusado. Se considera por ello una rebaja de pena de 1 grado por tratarse de tentativa (de 6 meses a 1 año) y una circunstancia atenuante por dilaciones indebidas, que establece la pena en su mitad inferior (de 6 meses a 9 meses), ademas de que el acusado reconoce los hechos y motivos ante el Juez, por lo que procede imponer la pena en su límite mínimo (6 meses de prisión).

5- Existe la obligación del reparar daños y perjuicios derivados de la comisión de delito, el órgano judicial deberá de determinar la cuantía de la responsabilidad civil en cuanto a los daños causados o las indemnizaciones que procedan, en la Sentencia o en la Ejecución de la sentencia. Aunque el Ministerio Fiscal solicita 130€ por dicho concepto, el Pertito tasa los daños del vehículo en 80€.

6- Procede la imposición de costas al acusado, según los artículos 239 y 240 LECrim, además del artículo 123 CP.

Segunda instancia

Tipo de recurso: Recurso de apelación
Recurrente: La defensa del condenado en primera instancia, Morgan
Fecha del recurso: 26-10-2016
Tribunal: Audiencia Provincial

Prueba

Ninguna de las partes aporta ni solicita medios de prueba en el recurso de apelación.

Documentación

Ninguna de las partes aporta documentación en el recurso de apelación, la defensa se limita a declarar que considera lesiva la sentencia que condena a Morgan, y a solicitar que el órgano “ad quem” revoque la sentencia de primera instancia y dicte nueva sentencia valorando la atenuante de drogodependencia del autor del delito en el momento de los hechos.

Resolución judicial del recurso

Fecha de la resolución judicial: 21-02-2017

Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
La Audiencia Provincial dicta Sentencia, en la que:

– Desestima el Recurso de Apelación interpuesto por la defensa de Morgan.

– Confirma la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal en primera instancia.

– Impone las costas de oficio generadas por el recurso de apelación.

Fallo o parte dispositiva de la resolución judicial:
1º- El recurso de Apelación se fundamenta en un error en la valoración de la prueba cometido por el Juez a quo. La parte apelante considera que de las pruebas practicadas se deduce la concurrencia de la atenuante de drogradicción, aunque no haya sido reconocido por el Forense, el acusado reconoce y manifiesta que es drogadicto, y que lo era cuando ocurrieron los hechos.

Es doctrina jurisprudencial reiterada considerar que, aunque el Juez ad quem tiene funcion la realización de la justicia, sus facultades no pueden llegar a juzgar el asunto de nuevo integramente, ni tampoco a sustituir el criterio valorativo del Juez a quo, y menos aún el criterio del apelante puede sustituir la valoración del Juez en primera instancia.

Por lo cual, debe necesariamente justificarse el error notorio en la apreciación de la prueba para que ésta pueda revisarse en segunda instancia.

2º- Las alegaciones expuestas en la apelación no pueden prosperar, puesto que son una valoración parcial e interesada de la prueba, que no puede sustituir la valoración que en su momento efectuó de ella el Juez a quo. Además, las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal deben quedar acreditadas en la misma medida en la que lo está el hecho típico, pero las alegaciones de la defensa en este aspecto no han quedado probadas de dicha manera, y se citan al respecto varias Sentencias del Tribunal Supremo como línea jurisprudencial de referencia (STS 6721/1983, de 22 de diciembre, STS 5459 /1984, de 10 de noviembre, STS de 19 de diciembre de 1985, STS 2420/1986, de 6 de mayo, STS 4918/1988 de 14 de junio, STS 9658/1988 de 19 de diciembre, STS 8609/1999 de 29 de noviembre y STS 2100/2001 de 25 de abril). Además se cita la STS de 16 de mayo de 2009, como ejemplo de reiterada jurisprudencia que establece que para invocar la inimputabilidad del acusado en un proceso debe aportarse prueba suficiente, y no la mera declaración o alegación del acusado, no probada por otros medios.

Jurisprudencia

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