Redacción editorial

Manuel Rodríguez Domínguez

Como ya fue informado, el Tribunal Supremo revocó la sentencia de “la Manada”, condenando a los autores responsables como autores de un delito continuado de violación a 15 años de prisión, y a la prohibición de acercamiento a la denunciante durante 20 años, a los que se suman 8 años de libertad vigilada, debiendo indemnizar a la victima con 100.000 euros.

El motivo casacional de la Audiencia o el Tribunal Superior de Justicia fueron sobrepasados por la presión mediática, debiendo quedar al extramuros del derecho de libertad de expresión. El Supremo declara en esta sentencia que las noticias del caso, las concentraciones de repulsa social y las manifestaciones del Ministro de Justicia, y en definitiva, el juicio paralelo, ha podido llegar a lesionar objetivamente la imparcialidad del Tribunal.

Este tribunal analiza como en primer lugar el “juicio sobre la prueba”, en segundo lugar se verifica “el juicio sobre la suficiencia” y en tercer lugar “el juicio sobre la motivación y su razonabilidad”.

La sentencia recurrida al Supremo, da respuesta a las alegaciones de las defensa sobre la invocada falta de credibilidad de las manifestaciones de la denunciante, en relación al extremo que mantienen los mismos de que ella prestó su consentimiento a unas relaciones plenas con los acusados.

Además contiene la siguiente argumentación: “Tras examinar y valorar en detalle la declaración de la joven, lejos de estimar inconsecuentes o contradictorias las apreciaciones de instancia, consideramos su testimonio seguro y convincente, corroboradas sus afirmaciones con evidencias recogidas en una prueba externa profusa y suficiente, y consecuente con el desarrollo incriminatorio que se confirma…”

La sentencia refiere la existencia de los vídeos que acreditan la falta de consentimiento de la víctima, y que desvirtúan las alegaciones de los recurrentes, por tanto entiende el Ministerio Fiscal que existe un error en la subsunción jurídica de los hechos declarados probados ya que existe un delito de Agresión Sexual de los arts. 178 y 179 del Código Penal. Según el Ministerio Fiscal, los acusados se encontraban ante una persona desvalida, la víctima, rodeada por cinco individuos de fuerte complexión y en un espacio mínimo, apartado y con nulas posibilidades de escapar, que intimidaron a la victima infundiéndole miedo y pánico.

El delito de agresión sexual, no se consiente libremente, ya que según el Ministerio Fiscal el autor se prevale de la utilización de fuerza o intimidación (vis phisica o vis moral), para doblegar la voluntad de su víctima. El autor emplea fuerza para ello, aunque también colma las exigencias típicas la intimidación, es decir, el uso de un clima de temor o de terror que anula su capacidad de resistencia.

Según STS 953/2016, de 15 de diciembre, que la intimidación empleada no ha de ser de tal grado que presente caracteres irresistibles, invencibles o de gravedad inusitada. Basta que sea suficiente y eficaz en la ocasión concreta para alcanzar el fin propuesto, paralizando o inhibiendo la voluntad de resistencia de la víctima y actuando en adecuada relación causal, tanto por vencimiento material como por convencimiento de la inutilidad de prolongar una oposición de la que -sobre no conducir a resultado positivo-, podrían derivarse mayores males.

El Ministerio Fiscal declara que a diferencia del delito de abuso sexual, que se obtiene de forma viciada, en la agresión sexual la voluntad del autor se impone por la fuerza, bien ésta sea violenta bien lo sea de carácter intimidatorio, refiriéndose al art. 178 del CP en la ausencia de consentimiento “La denunciante, sintió un intenso agobio y desasosiego, que le produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, determinándole a hacer lo que los procesados le decían que hiciera, manteniendo la mayor parte del tiempo los ojos cerrados.”.

En consecuencia, la intimidación hizo que la víctima adoptara una actitud de sometimiento, que no de consentimiento, lo que según el relato de hechos probados los procesados conocían, y además aprovecharon la situación de la denunciante metida en el citado cubículo al que la habían conducido para realizar con ella diversos actos de naturaleza sexual, con ánimo libidinoso y actuando de común acuerdo que anularon su libertad, así como la adecuada relación causal, debiendo estos hechos ser calificados como delito de Violación de los art. 178 y 179 del Código Penal.

Por otra parte, las agravaciones previstas en el art. 180.1 1ª y 2ª del Código Penal. En concreto el apartado 1° agrava la pena cuando la violencia e intimidación ejercidas revista un carácter particularmente degradante o vejatorio, siendo el fundamento de tal agravación la afectación no sólo de la libertad sexual de la víctima, sino también de su dignidad como persona.

El tercer motivo del recurso se basa por inaplicación indebida de los arts. 237 Y 242.1 CP con respecto al acusado Manuel Guerrero Escudero que se apoderó en su propio beneficio del terminal móvil, marca Samsung Galaxy ya que se produjo aprovechando la situación de grave intimidación creada para atentar contra la libertad sexual de la víctima.

Sentencia Sala Segunda caso La Manada

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