AP Coruña absuelve a funcionarios acusados de agredir a interno. #CompartirConocimiento

Por Pablo Mejía Malo, Colaborador en la redacción editorial.

 

La mañana del 26 de mayo de 2012, en el comedor de la cárcel, un interno empezó a gritar al resto de reclusos acusándoles de haberle quitado su tabaco. Su hermano intervino en el asunto y ambos fueron apartados del lugar por los funcionarios del centro penitenciario. Se les condujo a una zona de seguridad y, junto con otro funcionario que se unió, empezaron a entrevistar consecutivamente al hermano y al interno en cuestión. El hermano fue liberado y volvió al comedor, pero se produjeron hechos violentos con el interno que había provocado el incidente. Este interno fue reducido y engrilletado. Acto seguido se le llevó a la enfermería, aunque la médico no apreció lesión alguna y se le encerró en una celda de aislamiento. Como consecuencia de estos hechos, uno de los funcionarios sufrió una serie de lesiones para las que necesito casi tres meses de recuperación. Más tarde, el interno fue examinado por otro médico, que sí observó una lesión leve. Al día siguiente, se volvió a producir un incidente violento entre el mismo interno y otros funcionarios. Un facultativo apreció un hematoma.

Se formularon acusaciones tanto contra el interno por un delito de atentado previsto en los arts. 550 y 551.1 inciso segundo del Código Penal en concurso ideal con un delito de lesiones previsto en el art. 147-1º CP, con la concurrencia agravante de reincidencia para el delito de lesiones, como contra los funcionarios por un delito de lesiones previsto en el art. 150 CP y un delito de tortura del art. 172.1 y 2 CP o, alternativamente, delito de trato degradante del art. 173.1 CP o delito de uso de rigor innecesario con recluso del art. 533 CP. Todos los acusados interesaron la libre absolución en sus defensas.

Primero examinaremos los razonamientos jurídicos del Tribunal para absolver a los funcionarios. Según recoge la sentencia, el relato que hicieron el interno y su hermano sobre las supuestas agresiones que habría recibido durante la entrevista no ha quedado acreditado, a pesar de que el hermano dice que escuchó los gritos del interno durante la misma. Esto no le resulta creíble al Tribunal Sentenciador por cuanto había más reclusos en el comedor que podrían haberlos oído igual y no lo hicieron, además de otros funcionarios que se encontraban cercanos a ese lugar. Tampoco cree en la verosimilitud de tales agresiones por el hecho de que no las apreciara la médico de guardia, así como tampoco hubo queja alguna de dolor excesivo por parte del interno. Por último, diversos testigos, funcionarios todos ellos y que tuvieron contacto con el interno ese día, no apreciaron las consecuencias de las supuestas agresiones.

En relación a los hechos del segundo día, las supuestas agresiones de los funcionarios al interno tampoco quedan acreditadas, según la valoración del Tribunal. Así, si tales agresiones se hubieran producido, el facultativo que le atendió habría observado unas lesiones mayores a las que apreció en el momento. Por todo ello, se absuelve a los funcionarios de todos los delitos imputados.

En cuanto a la acusación contra el propio interno, el Tribunal decide absolver al mismo de todos los delitos. Llega a tal conclusión en el fallo tras la aplicación necesaria del principio in dubio pro reo. El Tribunal hace alusión a la STS 589/06, de 1 de junio, entre otras, que establece que el funcionario que se extralimite en su actuación perderá su condición pública y no merecerá la protección penal. La STS 901/09, de 24 de septiembre, aclara que cuando un funcionario se excede en su actuación de tal forma que provoca la reacción violenta del sujeto activo del hecho, pierde la protección legal por salirse del ámbito de su actuación normal. En efecto, como el interno afirma haber sufrido una serie de lesiones y haberse defendido de las mismas agrediendo al funcionario en cuestión, el Tribunal duda, ya que no ha quedado acreditada la existencia de las lesiones sufridas por el interno, de si se han producido o no, pues en caso de haberse producido la actuación del funcionario no estaría amparada por su condición pública. En definitiva, aunque la agresión al funcionario es cierta, hay dudas sobre la actuación del mismo y la protección que merece tal actuación, por lo que debe aplicarse el principio in dubio pro reo.

 

Fuente Institucional: CENDOJ

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here