Marc Salat Paisal : El derecho penal como prima ratio.

SALAT PAISAL, Marc. El Derecho penal como prima ratio: la inadecuación del Derecho administrativo sancionador y la necesidad de buscar soluciones en el seno del Derecho penal. Revista General de Derecho Administrativo (Iustel) nº 51, 2019

Redacción editorial,

Carlos Iván Sastre Mateos.

Marc Salat Paisal es Profesor Lector Serra Húnter en la Universitat de Lleida. El profesor es su artículo: El Derecho penal como prima ratio  nos explica que en los últimos años, el interés por el establecimiento de contornos más o menos claros entre el Derecho penal y el Derecho administrativo sancionador ha resurgido, sobre todo, entre la doctrina administrativista. En su trabajo, se pretende argumentar las razones por las que se considera que la búsqueda de tales límites no es posible. Luego, ante tal situación, las características propias de uno y otro subsistema punitivo justifican que deba apostarse por un mayor uso del Derecho penal en detrimento de la actual expansión del Derecho administrativo sancionador. Con esto, deberá partirse de una idea de Derecho penal actualizada a nuestros tiempos, donde la pena de prisión no constituya un papel principal.

Marc Salat hace un recorrido a lo largo de la historia del derecho y concluye que, aunque el Derecho administrativo sancionador haya existido desde los inicios del Estado de Derecho y, que la actual Constitución consagre la potestad sancionadora de la Administración, no significa per se que su existencia quede justificada.

Junto al argumento más habitual sobre la eficiencia del Derecho administrativo sancionador respecto del Derecho penal, existen otros motivos que llevaron y continúan llevando a los poderes públicos a apostar por el uso del Derecho administrativo sancionador en detrimento del Derecho penal, aunque entre ellos los más significativos son dos. El primero que expone el profesor , es de carácter político, consistente en la propia conveniencia de los poderes públicos de disponer de un poder sancionador propio. El segundo es congénito al establecimiento del Estado Social y, así, el establecimiento del Estado social ha desencadenado un incremento de las materias objeto de regulación por parte de las Administraciones públicas españolas, lo que a su vez ha comportado un incremento de los supuestos en que es necesario la imposición de una sanción en los casos de incumplimiento de la normativa administrativa. Este último, además, está íntimamente relacionado con la necesidad de buscar soluciones más ágiles que el uso del Derecho penal, de modo que a mayor número de materias objeto de posible sanción penal, mayores probabilidades de que el sistema de justicia penal acabe colapsado.

Defender el Derecho penal como prima ratio es más acorde con las exigencias constitucionales que la aceptación del actual sistema punitivo español, nos aclara el profesor.Acudir al Derecho administrativo sancionador o al Derecho civil no es la mejor forma de minimizar la violencia estatal. Justamente el uso del Derecho administrativo sancionador provoca una relajación de las garantías materiales y procesales a las que se refiere Ferrajoli.

La expansión del Derecho penal, por tanto, tiene que partir de una premisa básica, que el Derecho penal no es sinónimo de la imposición de una pena privativa de libertad y para ello, deben buscarse mecanismos jurídico-penales que permitan una relajación de las formalidades del Derecho penal, sin que ello suponga una pérdida de garantías para el investigado.

 

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