El TS declara que la imposición de penalidades no implica un procedimiento autónomo dentro del procedimiento contractual.

Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2019 (recurso nº (1372/2017). La Sala Tercera entiende que en la imposición de penalidades contractuales al amparo del art. 196.8 de la LCSP de 2007-actualmente, art. 194.2 de la vigente Ley 9/2017 - no son aplicables los arts. 42.3.a) y 44.2 de la Ley 30/1992 -actualmente, arts. 21.3.a) y 25.1.b) de la Ley 30/1992 - al constituir trámites, decisiones o incidencias dentro del procedimiento de ejecución.

Redacción editorial,

Carlos Iván Sastre Mateos.

La falta de regulación en la Ley de Contratos del Sector Público de un procedimiento para la imposición de penalidades crea inseguridad jurídica. ¿Son aplicables los artículos 42 , 43 y 44 de la Ley 30/1992?, luego cabe la caducidad; ¿o bien si su imposición constituye un trámite más dentro de la ejecución del contrato al que no le son aplicables esos preceptos?, por tanto, se dictan en un procedimiento autónomo sometido a un plazo de caducidad.

No cabe hablar de caducidad pues no se está ante un acto sancionador, ni se dicta en un procedimiento autónomo, sino que es un trámite dentro del procedimiento contractual. Conforme también a la sentencia del Pleno de esta Sala, de 28 de febrero de 2007 (recurso de casación 302/2004 ) es una estipulación accesoria que implica un medio coercitivo para asegurar el cumplimiento regular de lo pactado. No es, por tanto, aplicable supletoriamente la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Entre otros motivo también se expone que su naturaleza se acerca a la multa coercitiva, carece de una vocación sancionadora en sentido estricto y, en lo procedimental, la imposición de penalidades se ubica sistemáticamente en la LCSP de 2007 en sede de ejecución contractual.

Fuente institucional

 

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