Vulneración del precepto constitucional en un delito de agresión sexual

En el presente caso la parte recurrente entiende que la sentencia de instancia ha incurrido en la vulneración de precepto constitucional, por entender que la sentencia recurrida ha vulnerado el derecho del acusado a la tutela judicial efectiva, por cuanto incurre en una manifiesta falta de fundamentación de la mayoría de los delitos por los que ha sido condenado.

 

En el presente caso la parte recurrente entiende que la sentencia de instancia ha incurrido en la vulneración de precepto constitucional, por entender que la sentencia recurrida ha vulnerado el derecho del acusado a la tutela judicial efectiva, por cuanto incurre en una manifiesta falta de fundamentación de la mayoría de los delitos por los que ha sido condenado.

En el caso que nos ocupa, las alegaciones en las que se fundamenta la defensa del recurrente son desestimadas. El Alto Tribunal tiene establecido que la sola declaración del perjudicado pueda ser prueba de cargo bastante en orden a enervar la presunción de inocencia, cuando el testimonio no está comprometido con motivos de incredibilidad subjetiva y va acompañado de otros elementos externos, como la persistencia o la verosimilitud del relato, que presten un soporte racional y objetivo al convencimiento interno del Tribunal. Por todo ello, el Tribunal encuentra la corroboración objetiva de que la denunciante dice la verdad , de que algunas de las afirmaciones efectuadas, resultan ser coherentes con determinados vestigios que han podido ser constatados por terceros.

El Tribunal concluye: «En consecuencia, han quedado constatadas la concurrencia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo y los tres parámetros mínimos de contraste jurisprudencialmente establecidos por la jurisprudencia, como pautas lógicas y criterios orientativos de racionalidad para fundamentar un condena penal, existieron en este caso cumplidamente, pues el relato de la víctima, en lo esencial, fue lógico, persistente y verosímil, corroborado objetivamente por otros datos. En definitiva, la sentencia 376/2015 de 9 junio, concluía que el deber constitucional de motivar las sentencias penales abarca los tres extremos anteriormente indicados pero, con respecto al primero, es decir, respecto del deber de motivar los elementos fácticos de las resoluciones, comporta -entre otras- las siguientes exigencias:

1. No es posible una simple valoración conjunta de la prueba, sin dar cuenta el Tribunal de las fuentes probatorias concretas de las que se ha servido para obtener su convicción judicial.

2. Que tal deber no se satisface con la mera indicación de las fuentes y los medios de prueba llevados a cabo al juicio, «sin aportar la menor información acerca del contenido de las mismas» sts 123/2004 , entre otras.

Puede leer el texto completo de la sentencia en www.casosreales.es Marginal: 70423585

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here